La discusión sobre los límites interprovinciales no es un tecnicismo. Es una cuestión de soberanía, desarrollo y respeto institucional. San Juan tiene una historia que respalda su posición.
Por Gustavo Usín, diputado provincial.
En los últimos días, han surgido planteos desde la provincia de La Rioja que vuelven a poner sobre la mesa una discusión que San Juan considera saldada: la delimitación territorial en zonas de alto potencial minero.
No se trata de una polémica menor ni de una diferencia interpretativa sin consecuencias. Cuando hablamos de límites, hablamos de jurisdicción, de recursos naturales, de inversiones y, en definitiva, del futuro productivo de nuestra provincia.
San Juan ha logrado posicionarse como una referencia nacional en materia minera. Este camino no fue casual: es el resultado de años de construcción institucional, de reglas claras y de una visión estratégica que permitió atraer inversiones y generar empleo genuino. La minería, bien entendida y gestionada, ha sido una política de Estado sostenida en el tiempo.
En ese camino también ha quedado demostrado el esfuerzo político e institucional que viene llevando adelante el gobernador Marcelo Orrego para consolidar a la minería como una verdadera política de Estado. La búsqueda activa de inversiones, el liderazgo asumido en espacios estratégicos como la Mesa del Cobre y la proyección internacional de San Juan como destino confiable para el desarrollo minero forman parte de una agenda que requiere previsibilidad y certezas. En ese contexto, cualquier controversia innecesaria sobre límites no hace más que atrasar el progreso, demorar decisiones de inversión y generar ruido en un momento en que la provincia necesita consolidar crecimiento y empleo.
Por eso, cualquier intento de reabrir discusiones limítrofes —más aún cuando coinciden con áreas de interés económico— genera preocupación. No solo por lo que implica en términos territoriales, sino también por el impacto que puede tener en la previsibilidad que exige un sector clave como la minería.
Los límites provinciales no son materia de coyuntura. Están respaldados por antecedentes históricos, jurídicos, administrativos y también catastrales que no pueden ser reinterpretados en función de oportunidades circunstanciales. La delimitación territorial de San Juan cuenta con registros administrativos, antecedentes cartográficos y documentación técnica que forman parte de la construcción institucional de la provincia y que han servido durante años como marco de referencia para el desarrollo de actividades productivas, entre ellas la minería. Hacerlo implicaría abrir un escenario de incertidumbre que no beneficia a ninguna provincia, y mucho menos a las comunidades que dependen del desarrollo productivo.
San Juan tiene claridad sobre su territorio y sobre su rumbo. Defender nuestros recursos no es un gesto de confrontación, sino de responsabilidad. Es cuidar el trabajo de miles de sanjuaninos, es proteger inversiones que generan desarrollo y es sostener una política pública que ha dado resultados concretos.
Esto no significa cerrar la puerta al diálogo. Por el contrario, el camino siempre debe ser institucional, respetuoso y basado en la legalidad vigente.
También es importante destacar el carácter institucional que ha sostenido el gobernador Marcelo Orrego desde el inicio de su gestión, siempre abierto al diálogo con los diferentes sectores, piensen igual o no, en la búsqueda de puntos de comunión. Esa vocación por construir consensos y escuchar posiciones diversas ha sido una constante y resulta indispensable para abordar debates sensibles como este sin perder de vista el interés superior de la provincia.
Pero ese diálogo debe partir de una premisa básica: el respeto por los límites establecidos y por la seguridad jurídica.
En un contexto donde la Argentina necesita más producción, más exportaciones y más empleo, generar conflictos innecesarios es un lujo que no podemos permitirnos. Las provincias debemos ser parte de la solución, no del problema.
San Juan va a defender lo que le corresponde. Lo hará con firmeza, con argumentos y dentro del marco institucional. Porque cuando se trata de nuestros recursos, no hay margen para la ambigüedad.