El diputado nacional sanjuanino advirtió que la renuncia no debe frenar el avance judicial sobre los bienes del exfuncionario. Cuestionó la cifra declarada en el blanqueo fiscal y lamentó que se haya frustrado la interpelación parlamentaria.
El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, fijó una postura firme respecto de la reciente salida de Manuel Adorni del Gabinete nacional. El legislador sostuvo que el alejamiento de la función pública no puede transformarse en un obstáculo ni en un motivo de parálisis para la causa judicial que examina la evolución de sus bienes personales, exigiendo celeridad para determinar el origen de sus recursos económicos.
Para Andino, la renuncia estratégica del exvocero tuvo un impacto directo en el ámbito legislativo, ya que dejó sin efecto de manera automática el proceso de interpelación que las distintas fuerzas de la oposición venían articulando en el Congreso de la Nación. El legislador lamentó la pérdida de esa instancia de debate, señalando que el recinto era el lugar propicio para que se rindieran cuentas ante las severas inconsistencias advertidas por los bloques parlamentarios.
El principal eje de las críticas del diputado sanjuanino se concentró en los mecanismos tributarios utilizados por el exintegrante del Ejecutivo. Andino manifestó su rechazo ético a que los administradores del Estado se amparen en regímenes de regularización fiscal excepcionales pensados para el sector privado.
Dentro de los puntos más controvertidos de la presentación patrimonial se detectaron:
El blanqueo de activos por un monto aproximado de 500.000 dólares que no formaban parte de las declaraciones juradas previas.
Una falta de justificación técnica y documental sobre el circuito de acumulación de dichas divisas extranjeras.
Dudas normativas sobre la compatibilidad de este beneficio fiscal con el ejercicio de la alta función pública.
El referente político remarcó que los tribunales federales deben continuar recolectando pruebas y peritajes contables con total independencia de los cambios de organigrama que decida la Casa Rosada.
Andino concluyó que llevar la investigación penal hasta las últimas consecuencias —esclareciendo si existieron delitos en el incremento de los activos— es el único camino viable para robustecer la transparencia institucional del país y revalidar la confianza de la sociedad en las herramientas de control del Estado.