El diputado nacional fundamentó su negativa al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para flexibilizar la compra de campos por parte de capitales internacionales. Advirtió sobre el impacto en los departamentos mineros e hídricos de la provincia y confirmó que buscará consensos con la oposición para frenar la iniciativa.
El debate por la modificación de la Ley de Tierras sumó la posición firme del diputado nacional sanjuanino Cristian Andino, quien ratificó su rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo tendiente a elevar los topes actuales para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. El legislador remarcó que el marco legal vigente no obstaculiza la llegada de divisas internacionales, sino que establece un techo del 15% de la superficie para preservar bienes fundamentales para el desarrollo del país.
Al argumentar su postura, Andino enfatizó que el suelo no debe ser tratado como un simple instrumento financiero de especulación, al considerar que su control está estrechamente ligado al dominio del agua dulce, la producción alimentaria, los minerales y la seguridad territorial.
La preocupación del congresista responde a la realidad territorial de la provincia de San Juan, ubicada entre las jurisdicciones del país con mayor porcentaje de suelo en manos de personas o corporaciones extranjeras. En su análisis, apuntó a los departamentos de Iglesia, Calingasta y Jáchal como las zonas que concentran la mayor proporción de estas propiedades.
El legislador sostuvo que desregular estos límites afectaría de forma directa la protección de los bienes naturales de la provincia, caracterizada por un fuerte potencial productivo, hídrico y minero que requiere de regulaciones estatales estrictas.
Con vistas al debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, Andino anticipó que iniciará conversaciones con representantes de diversos bloques parlamentarios para conformar un frente común que impida la reforma y mantenga el esquema normativo actual.
El diputado concluyó recordando que las restricciones a la propiedad extranjera no constituyen una excepción local, sino una práctica extendida en múltiples países del mundo para garantizar el equilibrio entre la atracción de inversiones y el resguardo del patrimonio soberano.