La comunidad denuncia la pérdida de 60 puestos de trabajo y un desplome en la actividad comercial tras las restricciones judiciales al proyecto minero. Exigen la presencia de autoridades provinciales en el territorio para destrabar el conflicto.
La tensión social en el oeste riojano escaló en las últimas horas con el inicio de asambleas permanentes y cortes parciales en la Ruta Provincial 506. Los residentes de Guandacol protestan contra las medidas judiciales que limitan el acceso al Proyecto Vicuña, una situación que, según advierten, ha paralizado la economía local y cercenado las proyecciones de desarrollo de la región.
El impacto más inmediato se registra en el mercado laboral. De acuerdo con los voceros de la asamblea, el cese de contratos de una empresa de servicios vinculada a la operadora minera dejó a 60 familias sin su principal fuente de ingresos. Este fenómeno ha provocado un "efecto dominó" que golpea directamente a la hotelería, el sector gastronómico y el mercado de alquileres de la localidad.
Carlos Alaniz, referente de la protesta, calificó las restricciones como una "medida netamente política" que perjudica exclusivamente a los habitantes del oeste riojano. "Es la única posibilidad de progreso que tenemos y nos la están quitando", sentenció, reflejando el malestar de una comunidad que ve en la minería el motor principal de su subsistencia económica.
La falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo provincial ha profundizado el conflicto. Si bien existió una convocatoria oficial para una reunión con un grupo reducido de delegados en la capital riojana, los vecinos rechazaron la invitación. La postura de la asamblea es firme: exigen que los funcionarios se trasladen hasta Guandacol para brindar explicaciones sobre el futuro del pueblo y las garantías para la reactivación de las obras.
Mientras el litigio judicial continúa frenando las tareas viales y operativas del Proyecto Vicuña, los cortes de ruta se mantienen de forma intermitente. La comunidad advierte que las medidas de fuerza podrían endurecerse si no se establece una mesa de diálogo que priorice la estabilidad laboral y la continuidad de la cadena de proveedores locales, hoy al borde del colapso comercial.
Este escenario en La Rioja contrasta con la situación en la vecina provincia de San Juan, donde la justicia ha garantizado la continuidad de las operaciones, dejando a las localidades riojanas fronterizas en un limbo operativo y financiero que los vecinos consideran "insostenible".