El titular de CAPRIMSA, Fernando Godoy, cruzó con dureza al CEO de la compañía tras la adjudicación de los módulos habitacionales a un consorcio internacional. Aseguran que la industria local cuenta con la capacidad técnica para afrontar la obra.
La reciente asignación de un contrato para edificar el complejo habitacional del emprendimiento minero Vicuña encendió las alarmas en el sector empresarial sanjuanino. La decisión de otorgar los trabajos a una alianza liderada por capitales asiáticos generó inmediatas réplicas por parte de las cámaras de proveedores, abriendo un complejo debate en torno a la competitividad de las firmas nacionales frente a los esquemas de contratación de las grandes operadoras internacionales.
Ante las justificaciones públicas del director ejecutivo de la minera, José Morea, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de los Departamentos Sanjuaninos (CAPRIMSA), Fernando Godoy, manifestó su enérgico rechazo a los argumentos corporativos. El dirigente empresarial cuestionó la mirada de la conducción del proyecto, señalando una desconexión con la realidad productiva de la provincia y exigiendo un abordaje de mayor apertura y sensibilidad hacia el entramado comercial local.
La polémica se desató luego de que el consorcio integrado por las firmas PowerChina, Beijing Chengdong y la santafesina RAFA S.A. resultara beneficiado con el contrato. La planificación contempla la importación directa desde el país asiático de las estructuras modulares destinadas al campamento que albergará a los operarios.
Este escenario no solo generó malestar en los sectores productivos privados, sino que captó la atención del ámbito político local, en momentos donde la Legislatura provincial se apresta a debatir el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero y Empleo Local. En sintonía con el reclamo, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, legitimó la inquietud de los empresarios de la región al subrayar la necesidad de que los procesos licitatorios sean transparentes y previsibles, permitiendo que la oferta de la provincia conozca y se adecue con tiempo a las demandas de los grandes yacimientos.
Por su parte, la gerencia de Vicuña intentó relativizar el impacto del anuncio al precisar las dimensiones del acuerdo vigente. El CEO de la firma aclaró ante los medios que la contratación actual abarca exclusivamente la primera fase del asentamiento, equivalente a una cuarta parte de la infraestructura proyectada para el complejo definitivo. Según la planificación de la compañía, restan concretarse otras tres convocatorias formales para completar la totalidad de las instalaciones.
Sin embargo, desde la perspectiva de los proveedores departamentales, la justificación resulta insuficiente. Desde CAPRIMSA recordaron que los recursos minerales pertenecen constitucionalmente a la provincia de San Juan, argumentando que el interés público y el desarrollo regional deben priorizarse por sobre las estrategias de las autoridades corporativas de turno.
Para finalizar, la conducción de la entidad gremial empresaria adelantó que presentará un informe técnico detallado que refuta la supuesta falta de competitividad local. Con esta documentación, buscarán demostrar que las fábricas y constructoras de origen argentino disponían de la solvencia operativa, los plazos y la calidad requerida para asumir el montaje de los campamentos sin necesidad de recurrir a la importación de componentes extranjeros.