Además, se incorporan sanciones para quienes incumplan la disposición, con penas que pueden incluir arrestos y agravantes en casos de intimidación o violencia, lo que amplía el margen de intervención de las fuerzas de seguridad. La decisión tuvo repercusión en San Juan, donde en los últimos días un hecho violento volvió a instalar el tema en agenda, luego de que un cuidacoches fuera condenado por disparar contra un joven en las inmediaciones de la cancha de Sportivo Desamparados en medio de una disputa por el control de la zona.
El episodio generó reacciones y reavivó el debate sobre la regulación de esta actividad, que en la provincia se mueve en un escenario sin definiciones claras y con reclamos que van desde un mayor control hasta su prohibición. Más allá del enfoque restrictivo, la ley cordobesa también contempla la implementación de programas de inclusión laboral para quienes actualmente dependen de estas tareas, con la intención de integrarlos a esquemas formales como el estacionamiento medido.
El caso abre una discusión más amplia que combina seguridad, uso del espacio público y una problemática social de fondo, en un contexto donde distintas posturas conviven entre la necesidad de ordenar la actividad y la realidad de quienes encuentran en ella una fuente de ingreso. En San Juan, el reciente antecedente violento volvió a exponer una situación latente, mientras el modelo aplicado en Córdoba aparece como referencia y punto de debate sobre cómo abordar este fenómeno.