La cúpula gremial cuestionó la nueva reglamentación que exige un 75% de frecuencia mínima ante protestas, mientras persiste la falta de pago de los últimos aumentos acordados.
El malestar sindical se centra en la reciente declaración del transporte público como "servicio esencial" dentro del marco de la modernización laboral. Esta medida obliga a los trabajadores a garantizar al menos el 75% de las frecuencias durante cualquier jornada de protesta, lo que en la práctica diluye el impacto de las medidas de fuerza tradicionales.
Héctor Maldonado, secretario general de la UTA local, expresó un rechazo contundente a estas disposiciones. Según el dirigente, las nuevas reglas actúan como un condicionante que impide la defensa efectiva de los derechos de los choferes. "Nos quieren imponer una reforma laboral de forma coercitiva", señaló Maldonado, denunciando que estas políticas limitan la capacidad de negociación del gremio.
La tensión se ve agravada por el antecedente de una sanción económica de 51 millones de pesos que aún pesa sobre el sindicato, derivada de una huelga realizada en mayo del año pasado. Este condicionante financiero obliga a la conducción gremial a actuar con cautela para evitar nuevas represalias legales o económicas por parte del Ejecutivo provincial.
Por su parte, desde el Gobierno de San Juan han optado por una postura de vigilancia activa. Si bien reconocen que el Estado se encuentra al día con sus obligaciones, fuentes oficiales deslizaron que la responsabilidad de resolver el conflicto recae sobre el sector empresarial. Según el Ejecutivo, los recientes ajustes en las tarifas de los boletos y las compensaciones por costos de insumos deberían ser suficientes para que las empresas cumplan con los compromisos paritarios.
El escenario en el sector del transporte público de la provincia atraviesa un momento de alta sensibilidad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan manifestó un profundo malestar ante la combinación de dos factores críticos: la demora en la liquidación del reciente incremento salarial y la entrada en vigencia de normativas nacionales que restringen la modalidad de sus reclamos.