La Subsecretaría de Trabajo de San Juan inició un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad legal de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante la retención de tareas que paralizó el transporte público provincial durante la mañana de este miércoles. El titular del organismo, Franco Marchese, anticipó que la medida no fue informada por las vías correspondientes y advirtió que el expediente podría derivar en fuertes sanciones económicas contra la entidad sindical.
Desde la cartera laboral señalaron que, al carecer de una comunicación previa y formal, la medida de fuerza encuadraría en una figura irregular. "En principio, sería ilegal", remarcó el funcionario, precisando que las actuaciones en curso recopilarán informes técnicos de fiscalización para cuantificar el número de unidades fuera de recorrido, la duración exacta del corte y el nivel de afectación sobre los usuarios sanjuaninos.
Marco regulatorio y medidas paliativas
El reclamo gremial surgió como respuesta al presunto incumplimiento del acuerdo salarial para los choferes del interior refrendado el pasado 23 de septiembre. Sin embargo, la interrupción del servicio colisiona con las normativas que regulan la actividad:
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Inobservancia Legal: La ley nacional en materia laboral exige un preaviso formal de cinco días y la difusión a los usuarios con 48 horas de antelación para medidas en servicios de importancia trascendental, garantizando una prestación mínima que la protesta omitió.
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Sanciones en Estudio: El organismo evalúa el encuadre definitivo para aplicar multas económicas al sindicato por la omisión de los pasos procedimentales obligatorios.
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Respuesta en Educación: Frente a la imposibilidad de traslado de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación resolvió justificar las tardanzas e inasistencias de docentes y alumnos que dependan exclusivamente del servicio de colectivos mientras persista la contingencia.
El dictamen final de la Subsecretaría de Trabajo dependerá de los informes de fiscalización incorporados al expediente, en paralelo a las actuaciones que también lleva adelante la Secretaría de Tránsito y Transporte contra las empresas concesionarias.