El Gobierno de San Juan comenzó a diseñar el esquema técnico de lo que será su plan de infraestructura más relevante de los últimos tiempos, luego de recibir el respaldo de la Legislatura para tramitar un endeudamiento internacional de hasta 600 millones de dólares. El programa integral buscará dinamizar la economía local mediante la obra pública, focalizándose principalmente en mitigar la escasez habitacional, optimizar los caminos provinciales y mejorar los sistemas de distribución de agua y riego.
La estrategia habitacional se presenta como el eje central de las inversiones. En una fase inicial, las autoridades prevén el desarrollo de 30 nuevos conglomerados urbanos repartidos por el territorio provincial, lo que significará la edificación de 1.500 hogares. Cada uno de estos proyectos comenzará con un núcleo de 50 casas, pero contará con conexiones de servicios básicos dimensionadas para soportar futuras ampliaciones que permitan duplicar o triplicar su capacidad original.
De manera complementaria, el Instituto Provincial de la Vivienda relanzará los préstamos individuales. Esta medida, largamente esperada por la comunidad, proyecta otorgar alrededor de 1.000 asistencias financieras destinadas de forma exclusiva a aquellos grupos familiares que posean un lote propio pero carezcan de los recursos para costear la edificación de la estructura.
El Palacio de Tribunales y las oficinas de Hacienda apuran los trámites administrativos ante la Nación para emitir el denominado "Bono San Juan" en el exterior. Las previsiones del Ejecutivo estiman que el flujo de capitales ingresará a las arcas públicas entre los meses de diciembre y enero, lo que habilitaría el llamado a concurso de precios y el inicio de las tareas en el terreno durante el primer trimestre del año venidero.
Más allá del rubro inmobiliario, el Master Plan de Infraestructura destinará fondos a la red vial, buscando asfaltar y mejorar vías secundarias que descompriman las rutas nacionales más saturadas y agilicen el tránsito interdepartamental. Asimismo, se contemplan partidas para la impermeabilización de la red de canales de riego —clave para el sector productivo— y la ampliación de los servicios de agua potable y cloacas.
Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto de este desembolso simultáneo será inmediato en el mercado laboral local. Los relevamientos del área técnica gubernamental calculan que la reactivación de estos frentes de obra generará de forma directa e indirecta entre 4.000 y 5.000 puestos de empleo, dinamizando no solo al sector de la construcción sino también a toda la cadena de proveedores asociados.
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