La medida apunta a reducir el sobredimensionamiento estatal en San Juan. Buscan coordinar la salida de personal con la llegada del expediente digital para no resentir el funcionamiento de las áreas clave. El Ministerio de Economía analiza experiencias de otras provincias y de la Nación. Áreas sensibles como Salud y Educación tendrán un tratamiento especial, mientras que las empresas del Estado quedarán excluidas.
El Poder Ejecutivo de San Juan comenzó a diseñar un programa de retiro voluntario destinado al personal de la administración pública provincial. La iniciativa se engloba dentro de un plan de reforma y modernización del Estado que busca achicar de forma paulatina la nómina estatal, la cual cuenta actualmente con un universo de 53.000 agentes públicos de acuerdo con los últimos relevamientos oficiales del área legal de la Gobernación.
Desde la Asesoría Letrada de Gobierno indicaron que el Ministerio de Economía ya solicitó recopilar antecedentes legislativos de planes similares aplicados tanto en el ámbito nacional como en otras jurisdicciones del país. El propósito es evaluar los diferentes formatos financieros y operativos para confeccionar un modelo mixto que logre adecuarse de manera sustentable a las finanzas y necesidades de la realidad sanjuanina.
Entre las variantes bajo análisis técnico, las autoridades estudian la viabilidad de un esquema de transición similar al implementado en la provincia en el año 2003, el cual garantizaba un porcentaje del sueldo neto junto con la continuidad de la cobertura de la obra social y los aportes jubilatorios. Otras alternativas apuntan al abono unificado de una cantidad fija de salarios o a la declaración del agente bajo la figura de "personal pasivo", con haberes reducidos a la espera de una reubicación de funciones.
Para que la reforma administrativa tenga un impacto real en las cuentas públicas, el proyecto oficial prevé que la apertura de los retiros voluntarios esté acompañada de forma obligatoria por un congelamiento estricto en el ingreso de nuevos trabajadores. Desde el plano normativo, explicaron que el bloqueo de vacantes es indispensable para evitar que las bajas logradas en el sector público terminen cubriéndose con nuevas designaciones de personal.
Las autoridades advirtieron que la convocatoria no tendrá un carácter indiscriminado para evitar la pérdida de capital humano con experiencia en la gestión pública. En ese sentido, rubros esenciales como Salud Pública y Educación tendrán un análisis diferenciado debido a la especificidad de sus convenios laborales y a la imposibilidad de resentir servicios básicos; en el sector escolar se cuenta con el sistema de suplencias para atenuar vacíos institucionales, mientras que en los hospitales se cuidará la cobertura de la atención médica diaria.
Asimismo, la normativa en estudio no abarcará en su primera etapa a las compañías donde el Estado provincial es el accionista mayoritario, tales como OSSE o EPSE. La exclusión responde a que las plantas de estas entidades se rigen de forma autónoma bajo la Ley de Contrato de Trabajo del sector privado.
El debate sobre la readecuación del personal estatal se encuentra estrechamente vinculado al proceso de despapelización y a la futura puesta en marcha del sistema de expediente digital en los ministerios locales.
La reconversión tecnológica y la automatización de trámites administrativos reducirán notablemente las labores tradicionales de archivo, mensajería interna y acopio de documentación física. Ante este nuevo escenario informático, el Gobierno provincial considera clave avanzar en un plan de formación y reubicación integral que impida desajustes bruscos en el organigrama de la administración central.