La Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional San Juan, ratificó su firme rechazo a la propuesta de recomposición salarial formulada por el Ejecutivo provincial, la cual consistía en una suba del 6% distribuida en tramos entre julio y octubre. Tras someter la oferta a consideración de sus afiliados, el resultado fue contundente: el 99% de las bases gremiales votó por la negativa, dejando la mesa de negociaciones en un punto de parálisis al negarse a convalidar un acuerdo que extienda las condiciones salariales por un período de cuatro meses.
La secretaria general de la entidad, Karina Navarro, fundamentó la decisión basándose en el grave deterioro del poder de compra que afecta a los profesionales de la educación en la provincia. De acuerdo con la dirigente, la constante devaluación económica ha erosionado significativamente los salarios de los educadores en los últimos meses.
Una alarmante demanda de asistencia financiera interna
Para graficar el complejo escenario que atraviesan los hogares de los trabajadores de la educación, Navarro reveló un indicador que encendió las alarmas dentro de la estructura gremial. Según describió, la sede sindical registró la presencia de 150 agentes en una sola mañana, quienes se presentaron personalmente con el único fin de tramitar ayudas de financiamiento de emergencia provistas por el sindicato.
Desde la conducción de UDA señalaron que esta demanda masiva y constante por parte de los afiliados constituye una prueba fehaciente de que las remuneraciones actuales han quedado completamente desfasadas frente a las obligaciones cotidianas de supervivencia, transformando la discusión paritaria en una urgencia de subsistencia que trasciende el mero debate de porcentajes.
Cuestionamientos al índice oficial y haberes netos insuficientes
Entre los argumentos técnicos esgrimidos para justificar la posición de rechazo, la conducción sindical apuntó contra el parámetro utilizado por la administración pública para calcular las actualizaciones salariales. UDA sostiene que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que toma el Gobierno provincial como referencia no refleja el costo de vida real de las familias, dado que la fórmula oficial margina o subestima variables críticas de consumo diario y de alto impacto inflacionario, tales como los combustibles y los productos cárnicos.
En términos prácticos, el gremio estimó que el incremento neto propuesto para el mes de julio se traduciría en una suba real de bolsillo de entre $6.000 y $10.000 para la gran mayoría de los maestros de grado. Al considerar estos valores como insignificantes frente a la aceleración de precios, la entidad ratificó su postura de no sellar compromisos a largo plazo que congelen la discusión durante el segundo semestre.
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