El Ministerio de Minería trabaja junto a Producción y Hacienda en una reglamentación que tendrá más de 90 artículos. El texto detallará el funcionamiento de los créditos fiscales, el nuevo registro de proveedores y las metas de empleo en los proyectos.
A menos de un mes de su sanción en la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo de San Juan ya trabaja en la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero. Las autoridades locales se impusieron un plazo estimado de dos meses para concluir la redacción de un documento técnico que, debido a la complejidad de la norma, duplicará en extensión al texto original aprobado por los diputados.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, detalló que el borrador final contará con un articulado que oscilará entre los 90 y los 120 apartados. La densidad de la reglamentación responde a que la ley delega en el Ejecutivo la definición de los aspectos operativos más sensibles, tales como las sanciones, las exenciones, la conformación del consejo consultivo y los planes de contratación.
Herramientas y registros en marcha
El proceso de confección legal muestra distintos niveles de avance según el área de aplicación. El diseño de la matriz socio-productiva —el instrumento técnico que servirá para medir el impacto real de los proyectos mineros en las comunidades— es la sección más consolidada de la reglamentación, con un desarrollo que ya alcanza el 95%.
Por su parte, el diseño del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) se ubica en torno al 70% de su redacción. Este padrón resultará indispensable para clasificar a las empresas locales en condiciones de prestar servicios y abastecer a los yacimientos en exploración y explotación.
El debate por los incentivos impositivos
Uno de los puntos que mayor análisis demanda entre los equipos de Minería y la cartera de Economía, Hacienda y Finanzas es la aplicación del artículo 25 de la ley, referido al otorgamiento de créditos fiscales. Este incentivo premia a las operadoras que cumplan con los programas de desarrollo de la cadena de valor local y, según prevé la norma, dichos beneficios impositivos podrán ser transferidos a las pymes proveedoras, un mecanismo financiero cuya ingeniería técnica se termina de pulir por estas horas.
Metas progresivas frente al RIGI
Desde el Gobierno local recalcaron que la nueva normativa no impone cuotas de contratación forzosas ni cupos rígidos para las empresas mineras. El espíritu de la ley fija metas indicativas de planificación a largo plazo, con la intención de que las firmas alcancen de manera progresiva un 80% de mano de obra de origen sanjuanino y un 60% de compras a nivel provincial, siempre sujeto a la disponibilidad y competitividad del mercado.
Finalmente, las autoridades descartaron cualquier tipo de incompatibilidad o colisión jurídica entre esta regulación local y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional. Desde el área de Minería aseguraron que las pautas provinciales respetan las garantías de estabilidad fiscal que otorga el esquema federal, funcionando como una herramienta de fomento y planificación y no como un obstáculo impositivo para las inversiones mineras en San Juan.