La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP)
renovó su conducción en un momento crítico para el servicio urbano e interurbano de San Juan.
Raúl García, principal referente de la firma Transporte de Pasajeros El Triunfo, ratificó su desembarco como nuevo presidente de la entidad tras la renuncia de
Ricardo Salvá. El movimiento institucional se da en la antesala de un vencimiento clave impuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que
exige el pago de haberes adeudados bajo la advertencia de paralizar nuevamente la actividad.
El próximo lunes 16 de noviembre asoma como el punto de quiebre en la disputa. Para esa jornada, el sindicato que agrupa a los colectiveros espera una propuesta formal por parte de las prestatarias; de no mediar una solución satisfactoria, el gremio convocará a los cuerpos de delegados para definir el inicio de medidas de fuerza que volverían a dejar a los usuarios sin servicio.
Negociaciones fragmentadas y trasfondo societario
El escenario paritario sufrió un giro estratégico en los últimos días. Ante la falta de acuerdo global, la UTA optó por abandonar las tratativas centralizadas con la cúpula de ATAP y pasar a negociar de manera individual con cada una de las empresas concesionarias que operan en la provincia, buscando destrabar los fondos firma por firma.
Por su parte, la transición en la cámara empresaria presenta una particularidad en su conformación interna. La salida de Salvá, comunicada de manera informal a sus pares durante la jornada del jueves, derivó en el ascenso de un socio directo: mientras García encabeza Transporte El Triunfo, el presidente saliente también integra el directorio de esa misma compañía en calidad de director titular.
El origen de la deuda y las medidas previas
La crisis actual arrastra una fuerte conflictividad desde el mes pasado. El 7 de octubre, los choferes llevaron adelante una retención de servicios y una huelga de 48 horas que paralizó el transporte público sanjuanino. En aquel entonces, la gestión de Salvá argumentó que las empresas atravesaban serias restricciones financieras que les impedían cubrir las actualizaciones salariales exigidas.
La tregua llegó recién el 15 de octubre mediante un acta acuerdo parcial que levantó el paro. En esa instancia, las firmas se obligaron a abonar un bono extraordinario de $60.000 y aplicaron un incremento del 10,5% en los sueldos. No obstante, el pacto dejó sin resolver el pago de diferencias salariales retroactivas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, un pasivo que hoy vuelve a poner en jaque la normalidad del servicio bajo la flamante conducción de García.