Unos 45.000 usuarios residenciales de San Juan corren el riesgo de quedar excluidos del régimen de Zona Fría si prospera el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados. La iniciativa oficialista busca limitar un beneficio que actualmente alcanza a cerca de 120.000 hogares de la provincia, quienes perciben bonificaciones de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas natural.
La reforma promovida por la gestión central planea circunscribir el descuento únicamente a los sectores encuadrados en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo este nuevo criterio, solo mantendrán el beneficio los hogares cuyos ingresos no superen las tres Canastas Básicas Totales, las familias registradas en el ReNaBaP y los beneficiarios de pensiones para veteranos de Malvinas. Para el resto de la población, la pérdida del subsidio implicará pasar a pagar tarifa plena de manera inmediata.
En el plano legislativo, el diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, adelantó el rechazo del bloque opositor a la medida y defendió la continuidad del marco regulatorio vigente. En declaraciones radiales, el legislador argumentó que la inclusión de la provincia en el beneficio —aprobada en 2021— respondió a rigurosos estudios científicos y criterios climatológicos, descartando cualquier tipo de arbitrariedad política en la asignación geográfica del subsidio.
Según estimaciones técnicas compartidas por el legislador, los usuarios que queden fuera del sistema sufrirán un incremento directo de entre el 43% y el 44% en el costo final de sus facturas. Por su parte, quienes logren conservar el beneficio experimentarán subas cercanas al 60%, debido a que el descuento dejará de aplicarse sobre los componentes de transporte y distribución, limitándose exclusivamente al valor del gas en boca de pozo.
La discusión parlamentaria se produce a las puertas del invierno y en un escenario de alta vulnerabilidad económica local. Desde la representación sanjuanina criticaron la oportunidad del ajuste al señalar los índices de morosidad existentes en las familias para afrontar los servicios básicos. Asimismo, cuestionaron que el proyecto nacional contemple condonaciones de deudas con CAMMESA para distribuidoras eléctricas de otras jurisdicciones, afectando el federalismo frente a distritos como San Juan, que mantienen sus cuentas al día con el organismo mayorista.
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