Bajo la coordinación del juez Jorge Toro, el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica —encabezada por el abogado Nasser Usair— fijaron los términos organizativos del debate. Si bien no se ha oficializado la fecha de inicio, la culminación de esta etapa técnica permite prever que el juicio podría comenzar en el corto plazo, una vez que se complete el cronograma de notificaciones.
Calificación legal y posibles penas
El acusado, quien era menor de edad al momento del hecho pero hoy ya cuenta con la mayoría, llega a esta instancia procesado por homicidio con dolo eventual. Esta figura legal presupone que el conductor, si bien no tuvo la intención directa de causar la muerte, representó como posible el desenlace fatal dada su conducta y, aun así, continuó con su accionar.
Para un adulto, este delito prevé una escala penal de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, debido a que el imputado era menor de 18 años al momento del siniestro, la normativa vigente contempla una posible reducción de la pena en caso de ser hallado culpable.
El hecho que conmovió a San Juan
La tragedia ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023 en el interior del barrio Profesional, en Rivadavia. Lucía Rubiño se encontraba en la vereda de la vivienda de una amiga cuando fue impactada por un Renault Sandero conducido por N.M.
La investigación judicial analizó la mecánica del siniestro en el contexto de presuntas maniobras de velocidad excesiva o "picadas". Según las pericias y testimonios recolectados:
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Se investigó la participación de una camioneta Toyota Hilux, conducida por Juan Pablo Echegaray, en una maniobra que habría incidido en la pérdida de control del Renault Sandero.
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Echegaray fue sobreseído en el sistema acusatorio, resolución que fue ratificada por un tribunal de Impugnación tras ser apelada por la querella.
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La elevación a juicio contra N.M. fue confirmada por la Corte de Justicia tras rechazar los planteos de la defensa.
Tras la audiencia de este martes, el abogado defensor destacó el "equilibrio procesal" de la jornada y el respeto a las garantías constitucionales, mientras la comunidad y la familia de la víctima aguardan la fijación definitiva de la fecha para el inicio del debate oral y público.
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