El magistrado del Tribunal de Impugnación resolverá si el expediente por la presunta megaestafa de $4.000 millones sigue en San Juan o pasa al fuero federal. La marcha atrás con el procedimiento generó descontento en la querella.
En un sorpresivo giro procesal, la Oficina Judicial Penal dejó sin efecto el sorteo previsto para la mañana de este martes 16 de junio, mediante el cual se iba a designar al magistrado encargado de dirimir el futuro de la causa Global Market. En su lugar, las autoridades notificaron a las partes que el juez Daniel Guillén —quien ya interviene en el expediente— continuará al frente del Tribunal de Impugnación para resolver el recurso sobre la competencia del caso.
La suspensión del acto, programado originalmente para las 09:30 horas, provocó un profundo malestar entre los abogados querellantes que representan a los damnificados. Los letrados, quienes se habían presentado en los tribunales locales para fiscalizar la transparencia del sorteo, calificaron la convocatoria previa como un paso innecesario y criticaron las dilaciones en los tiempos de la tramitación judicial.
La resolución de ratificar a Guillén se alinea con los principios de economía procesal, dado que el magistrado ya entendía en otras presentaciones del mismo legajo. Sin embargo, la medida contradice las respuestas previas brindadas por las propias autoridades judiciales a la querella.
Semanas atrás, la abogada Vanesa Laciar había solicitado formalmente que un mismo juez unificara el tratamiento de las medidas cautelares y el conflicto de competencia. En aquella oportunidad, la petición fue rechazada bajo el argumento de que los plazos procesales se encontraban en curso y que correspondía realizar una desinsaculación (sorteo) independiente, decisión que finalmente quedó revocada este martes.
Con esta confirmación, el juez Guillén tendrá la responsabilidad de determinar el rumbo de una de las investigaciones financieras más complejas de la provincia en el último tiempo:
Se investiga una presunta estafa a gran escala cuyo perjuicio económico estimado supera los 4.000 millones de pesos.
El magistrado deberá resolver si ratifica la declaración de incompetencia dictada en primera instancia por la Justicia provincial —lo que derivaría el caso al fuero federal— o si dictamina que la instrucción penal debe permanecer bajo la jurisdicción de los tribunales de San Juan.