El abogado querellante cuestionó que no se realizaron allanamientos ni secuestros de pruebas durante 45 días clave. Además, solicitó que la investigación sea derivada a la Justicia Federal por presunto lavado de activos.
La investigación por la presunta megaestafa financiera de las firmas Global Market y GMI Inversiones sumó un nuevo capítulo de tensión. El abogado Marcelo Arancibia, representante de un grupo de damnificados, denunció públicamente una serie de fallas en el accionar del Ministerio Público Fiscal y advirtió que el perjuicio económico es significativamente mayor al estimado inicialmente, superando ya los $4.000 millones.
Arancibia criticó con dureza la falta de medidas de coerción y búsqueda de pruebas durante el inicio del proceso. Según el letrado, existió un periodo de 45 días en el que no se ejecutaron allanamientos ni se secuestraron dispositivos electrónicos o documentación esencial para la causa, lo que podría haber comprometido el resguardo de evidencia digital y contable.
De acuerdo con la querella, la maniobra delictiva consistía en la captación de capitales mediante promesas de rendimientos elevados y seguros. Sin embargo, el dinero no habría sido reinvertido en los mercados financieros, sino desviado hacia cuentas personales y sociedades vinculadas a los responsables y sus familiares.
“El propio Ministerio Público describió cómo el dinero terminó en bolsillos particulares”, señaló Arancibia, quien estimó que el monto del daño podría duplicarse en el corto plazo. Explicó que el volumen de denuncias actuales es apenas parcial, ya que muchos inversores aún poseen contratos de mutuo que no han vencido y esperan el cumplimiento de los plazos antes de acudir a la justicia.
Dada la naturaleza de los delitos investigados —que involucran la intermediación financiera no autorizada y el posible lavado de dinero—, el abogado insistió en que la provincia debe declinar la competencia. “Por la complejidad del caso y la afectación al mercado de capitales, entendemos que la Justicia Federal es el ámbito donde debe tramitarse este proceso”, afirmó.
La resolución sobre el futuro del expediente se definirá el próximo martes en una audiencia clave ante el juez de Garantías. Allí se determinará si la investigación permanece en el fuero provincial o si se traslada a la órbita federal, tal como solicita la querella basándose en la magnitud del perjuicio y la tipología delictiva.