El Servicio Penitenciario Provincial dispuso la reubicación inmediata de los tres principales acusados por la presunta estafa millonaria de la firma Branka Motors. La resolución se tomó luego de que la defensa de los detenidos presentara una denuncia formal por graves problemas de convivencia, intimidaciones y agresiones psicológicas dentro del Penal de Chimbas.
Para resguardar su integridad física, las autoridades penitenciarias activaron el Régimen de Ingreso y Resguardo (RIF). Este protocolo de seguridad prevé el aislamiento preventivo de aquellos internos que manifiesten estar en una situación de vulnerabilidad o riesgo frente al resto de la población carcelaria.
El reclamo de la defensa y el nuevo destino
La presentación judicial fue realizada por el abogado penalista José Daniel Tejada, representante de Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega. Según el escrito, los tres sospechosos se encontraban en el Pabellón N° 2 del Sector 1 —una de las zonas más antiguas del penal—, donde eran objeto de constantes humillaciones y episodios de violencia por parte de otros reclusos.
Fuentes oficiales confirmaron que, tras la activación del RIF, los imputados fueron derivados a un sector especial de máxima seguridad diseñado para el resguardo de internos. Asimismo, desde la institución desmintieron las versiones que indicaban un presunto traslado al área denominada "Los Espartanos", aclarando que se encuentran en un pabellón específico para el manejo de estos conflictos.
Prisión preventiva y caída del acuerdo económico
Este incidente intramuros ocurre a pocos días de que la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, dictara una prórroga de cinco meses de prisión preventiva para los tres implicados. La medida busca asegurar el avance de la investigación penal, cuyo plazo de instrucción se extendió formalmente hasta marzo del próximo año debido a la complejidad de la causa.
La detención efectiva se reactivó tras el fracaso del acuerdo de reparación económica que los imputados habían firmado con el Ministerio Público Fiscal y los abogados de las víctimas. El convenio estipulaba el pago de 524 millones de pesos, divididos en cinco cuotas, para resarcir a los 352 damnificados por las maniobras de la concesionaria. Sin embargo, el pacto fue revocado judicialmente luego de comprobarse el incumplimiento total del primer desembolso.
Acusaciones de "doble estafa"
Durante las últimas audiencias, el fiscal Guillermo Heredia criticó con dureza la estrategia de los acusados, argumentando que asumieron un compromiso financiero multimillonario sabiendo que no contaban con los fondos para respaldarlo. En sintonía, las querellas afirmaron que se configuró una "doble estafa": primero contra los clientes particulares que perdieron sus ahorros y, posteriormente, contra los propios mecanismos del Poder Judicial.
A pesar de que los imputados intentaron justificar la falta de pago argumentando demoras en transferencias bancarias y la caída de un préstamo que gestionaban en la provincia de Mendoza, la Oficina de Medidas Alternativas ratificó que las cuentas judiciales permanecían en cero. Fue precisamente al regresar a sus celdas para cumplir este nuevo período de reclusión que se desencadenaron los conflictos vecinales que obligaron a su inmediato traslado.
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