A pesar de haber abandonado el Servicio Penitenciario Provincial, los acusados permanecen vinculados al proceso bajo rigurosas medidas de coerción. El cronograma de resarcimiento establece el pago de la suma millonaria en cinco cuotas, distribuidas en un plazo de 120 días.
Los vencimientos están previstos entre el 25 de abril y el 25 de agosto. Los imputados cuentan con un plazo de 30 días para efectivizar el primer desembolso, mientras que el resto de las cuotas deberá completarse según el calendario fijado por la Justicia.
Para asegurar la integridad del proceso y el cumplimiento del acuerdo, la Justicia dispuso las siguientes obligaciones para los imputados:
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Prohibición de salida: No podrán abandonar la provincia y sus documentos de viaje permanecen retenidos.
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Presentación periódica: Deberán comparecer en dependencias policiales de manera regular.
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Restricción de contacto: Tienen prohibido cualquier tipo de acercamiento o comunicación con los denunciantes.
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Medidas patrimoniales: Se mantienen vigentes la inhibición general de bienes y los embargos preventivos sobre cuentas bancarias, vehículos e inmuebles.
El destino de la acción penal
La causa, que acumula más de 300 denuncias y afecta a un total de 358 damnificados, podría cerrarse definitivamente en los próximos meses. Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el cumplimiento estricto del plan de pagos en tiempo y forma derivará en la extinción de la acción penal.
De completarse satisfactoriamente el resarcimiento económico, se dictará el sobreseimiento definitivo de los imputados, poniendo fin a uno de los procesos por estafa de mayor impacto en la provincia de San Juan en el último tiempo.
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