La investigación penal que busca esclarecer presuntas anomalías en la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó el posicionamiento político del diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. El legislador se mostró a favor de que el Poder Judicial avance con las pesquisas correspondientes, argumentando que las auditorías y los procesos de control sobre la obra pública constituyen una práctica habitual y saludable dentro del esquema republicano de gobierno.
Para el referente parlamentario, la apertura de un expediente judicial no debe interpretarse de forma excepcional, ya que cualquier administración estatal está sujeta al escrutinio posterior cuando administra fondos para infraestructuras de gran escala. En ese sentido, Rueda emparentó esta investigación con la actividad fiscalizadora de la propia Cámara de Diputados, la cual ha dado luz verde a diversas solicitudes de informes parlamentarios que abarcan tanto a la gestión actual como a la anterior, incluyendo expedientes sobre contrataciones en Desarrollo Humano y convenios aeronáuticos.
Pese a avalar el accionar de los magistrados para deslindar responsabilidades, el legislador —quien formó parte de la coalición gubernamental que planificó y puso en marcha el megaproyecto hídrico— manifestó su tranquilidad respecto a los procedimientos empleados. Según su perspectiva, el desarrollo de la obra civil cumplió de forma estricta con los pasos administrativos requeridos y se canalizó formalmente mediante los correspondientes llamados a licitación pública.
Los tribunales locales concedieron recientemente una prórroga en los tiempos procesales del caso con el objetivo de incorporar y producir nuevas medidas de prueba. Mientras los plazos de la investigación se extienden para examinar la documentación técnica y financiera, desde el arco político local insisten en la necesidad de aguardar las resoluciones de los organismos competentes para determinar si existió algún perjuicio al erario público.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.