En medio de la reestructuración de las UFI sanjuaninas, el jefe de los fiscales anunció que resta analizar la última prueba acumulada. Los instructores definirán en el corto plazo si presentan imputaciones.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan atravesó una reestructuración interna dispuesta por su titular, Guillermo Baigorrí, quien salió a ratificar la legalidad del esquema y descartó de plano cualquier trasfondo disciplinario o de persecución política. La máxima autoridad de los fiscales provinciales encuadró los traslados en las facultades organizativas que otorga la normativa vigente.
Baigorrí remarcó que la repartición trabaja bajo el criterio de unidad operativa, lo que permite reasignar funcionarios según la demanda probatoria. El objetivo central apunta a direccionar ayuda profesional hacia las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) que enfrentan causas con alta carga de litigiosidad y complejidad procesal.
Dentro de los frentes prioritarios de la reestructuración, la Fiscalía General dispuso el refuerzo inmediato de las áreas dedicadas a instruir presuntas estafas en la venta de terrenos. Ante la sofisticación de las maniobras denunciadas por damnificados sanjuaninos, el organismo sumó al trabajo de campo a ingenieros agrimensores e industriales, tanto contratados como de la planta de los tribunales.
A la par de estos peritos, se enviaron ayudantes fiscales y administrativos en calidad de apoyo temporal a las dependencias más recargadas, bajo la pauta de que el personal podrá retornar a sus oficinas de origen una vez normalizado el volumen de expedientes.
El jefe de los fiscales abordó además el estado procesal del expediente por las irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, una de las pesquisas de mayor gravedad institucional para la provincia. Baigorrí confirmó que el equipo a cargo solicitó la prórroga final de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para anexar la última batería de evidencias.
El funcionario remarcó que el volumen documental reunido está siendo auditado a contrarreloj y que en el mediano plazo los fiscales deberán presentar su teoría del caso. Esa instancia determinará formalmente si existen elementos de convicción para formular imputaciones concretas o si se dispone el archivo de las actuaciones por falta de responsabilidad penal.