El abogado Marcelo Arancibia señaló que las prórrogas de los plazos procesales no detienen los tiempos de caducidad del expediente. Reclamó celeridad al Ministerio Público Fiscal para avanzar más allá de la etapa preliminar en la investigación por presuntas anomalías millonarias.
La tramitación judicial por las supuestas irregularidades en el desarrollo del Acueducto Gran Tulum sumó nuevos cuestionamientos en torno a sus tiempos procesales. El abogado Marcelo Arancibia manifestó públicamente su preocupación por el letargo en la sustanciación de la causa y advirtió que la falta de una formalización de la investigación penal —es decir, la imputación concreta a los sospechosos— podría comprometer la viabilidad futura de la denuncia y abrir la puerta a una eventual prescripción.
El expediente, que tuvo su origen en una presentación formal el 9 de diciembre de 2025, se encuentra todavía bajo la órbita de análisis preliminar del Ministerio Público Fiscal. Los cuestionamientos técnicos del letrado se hicieron públicos tras la reciente suspensión y reprogramación de la audiencia en la que los fiscales intervinientes tenían previsto solicitar una extensión del plazo investigativo, una medida que para Arancibia resulta insuficiente para resguardar la causa.
El eje central del planteo radica en una distinción técnico-legal clave dentro del código de procedimientos. “Pedir una prórroga no interrumpe los plazos de prescripción. Lo único que los interrumpe es la formalización de la investigación”, explicitó el abogado, diferenciando la mera acumulación de tiempo de un avance procesal efectivo que vincule formalmente a los presuntos responsables bajo sospecha criminal.
La denuncia bajo la lupa busca desentrañar maniobras fraudulentas y desvíos en los procesos de licitación y posterior construcción del acueducto, con un impacto patrimonial que, según estimaciones del sector, alcanzaría un perjuicio multimillonario para las arcas del Estado sanjuanino. Frente al fuerte interés institucional que despierta el caso, Arancibia concluyó remarcando que la opinión pública demanda resoluciones concretas y que el esclarecimiento de las responsabilidades de una de las obras civiles más polémicas de la provincia solo se logrará abandonando la etapa de recolección inicial de pruebas para dar paso al debate jurisdiccional correspondiente.