El proceso se desarrollará a puertas cerradas bajo el Sistema Penal Juvenil. El imputado llega al debate procesado por homicidio con dolo eventual y enfrentará la declaración de más de 20 testigos.
Dada la condición de menor de edad que el acusado poseía al momento del siniestro, las audiencias se llevarán a cabo en el edificio de Flagrancia bajo estrictas normas de confidencialidad. Esto implica que el debate no será abierto al público y que la familia de la víctima no podrá intervenir como querellante, debido a las limitaciones que establece el régimen procesal juvenil para la participación de terceros.
Tras una serie de acuerdos entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, a cargo de Nasser Uzair, se logró optimizar la nómina de declarantes. Aunque originalmente se barajaron cerca de 70 nombres, finalmente serán poco más de 20 los testigos que aportarán su testimonio ante el tribunal. Se estima que el juicio se extienda por al menos diez jornadas.
El núcleo del proceso girará en torno a la calificación legal. El joven llega al banquillo imputado por homicidio con dolo eventual, una figura que supone que el conductor debió representarse el daño que podía causar y, aun así, no desistió de su conducta. Esta tipificación, sostenida en la instrucción por la magistrada María Julia Camus, eleva considerablemente la expectativa de pena en comparación con un homicidio culposo tradicional.
Mientras se define la responsabilidad del conductor directo, la situación de Juan Pablo Echegaray permanece en una instancia de revisión. Luego de ser sobreseído en la causa principal tras el desistimiento de la fiscalía, la querella presentó un recurso de queja ante la Corte de Justicia de San Juan. El máximo tribunal deberá resolver si existen elementos suficientes para que el hijo del juez federal también sea sometido a un juicio oral.
El caso Rubiño se convirtió en un emblema del pedido de justicia en San Juan desde aquella madrugada del 15 de octubre de 2023. La muerte de la menor, ocurrida en un contexto de presuntas maniobras peligrosas al volante, generó múltiples movilizaciones sociales y una persistente demanda de celeridad judicial que ahora entra en su etapa de resolución definitiva.