El expediente penal contra la firma
Branka Motor avanzó con la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que
fijó la pena de cinco años de prisión efectiva para los tres imputados en la causa por estafas. A pesar del fallo condenatorio, el panorama para las víctimas continúa marcado por la
incertidumbre económica respecto a la posibilidad de recuperar los fondos invertidos.
Un perjuicio millonario y escaso patrimonio para ejecutar
La abogada querellante María Filomena Noriega detalló que la causa concentra 365 denuncias formales y que el monto del perjuicio económico asciende a un estimado de $522 millones. Tras la resolución de la vía penal —cuyos fundamentos completos se darán a conocer el próximo martes—, los damnificados analizan la viabilidad de iniciar demandas en el fuero civil.
Sin embargo, las investigaciones patrimoniales realizadas sobre los condenados arrojan escasas posibilidades de cobro. Las medidas judiciales aplicadas sobre cuentas bancarias y entidades financieras no detectaron fondos disponibles, registrándose únicamente dos vehículos a nombre de los imputados.
Compromisos incumplidos y el perfil de las víctimas
Durante la tramitación de la causa se exploró una instancia de reparación económica mediante un acuerdo de pago en cuotas ofrecido por los acusados, pero el convenio no prosperó debido a que la parte imputada no llegó a concretar el primer depósito estipulado.
La representación legal de las víctimas indicó que el impacto económico afectó a sectores de clase media y trabajadora, incluidos jóvenes que buscaban adquirir su primer vehículo. Ante la falta de activos detectados a nombre de los condenados y el desgaste propio del proceso judicial, diversos damnificados han manifestado la decisión de no continuar con acciones civiles de reclamo.