El abogado Marcelo Arancibia aportó un informe técnico de junio de 2020. El documento detallaría que funcionarios de OSSE y las empresas a cargo sabían de los problemas en las cañerías durante la ejecución del proyecto.
La investigación penal por presuntos hechos de corrupción en la construcción del Acueducto Gran Tulum dio un vuelco significativo en los tribunales locales. El abogado denunciante, Marcelo Arancibia, formalizó una ampliación de la acusación tras incorporar documentación técnica que, según su planteo, demuestra que tanto los organismos estatales de control como los responsables de la ejecución privada conocían las deficiencias del sistema constructivo desde hace seis años.
El elemento central de esta nueva presentación judicial es una pericia técnica fechada el 24 de junio de 2020 y confeccionada por la firma Industrias Metalúrgicas Jaime. Dicho informe detalla severas observaciones en el proceso de electrofusión de los conductos de polietileno de alta densidad (PEAD) que se colocaron en la megaobra hídrica, un megaproyecto financiado con recursos provinciales y préstamos internacionales para asegurar el suministro de agua potable en el Gran San Juan.
De acuerdo con el escrito incorporado al expediente, las advertencias surgieron de auditorías de campo en las que participaron de forma conjunta personal técnico de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), inspectores oficiales y representantes de la constructora MAPAL S.A. Con este antecedente, la hipótesis de la denuncia desplaza el foco del debate: ya no se busca probar únicamente si los materiales eran defectuosos, sino determinar por qué los funcionarios continuaron aprobando, certificando y financiando los avances de obra pese a las alertas explícitas de los especialistas.
Ante este escenario de presunto encubrimiento u omisión deliberada de información pública, la querella solicitó a las autoridades judiciales extender la investigación bajo figuras penales de extrema gravedad institucional. Entre los delitos tipificados que la Justicia deberá evaluar se destacan la administración fraudulenta agravada, la malversación de caudales públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los pasos subsiguientes de la instrucción judicial estarán orientados a reconstruir la cadena de responsabilidades administrativas dentro de OSSE y el Ministerio de Infraestructura de la gestión anterior, con el fin de determinar el impacto financiero que estas decisiones tuvieron sobre las arcas del Estado en una de las obras de infraestructura civil más costosas de las últimas décadas en la provincia.