El cuerpo legislativo de Calingasta se encamina a sancionar un posicionamiento institucional de contundente rechazo hacia la propuesta del Congreso que busca flexibilizar la propiedad extranjera sobre los campos argentinos. El dictamen final surgirá de la fusión entre el texto ingresado por el concejal Sebastián Ramos y la iniciativa elevada de forma directa por el Intendente.
Desde el cuerpo deliberativo argumentan que la medida impulsada desde Buenos Aires vulnera de manera directa el principio federal establecido en la Carta Magna. De acuerdo con las autoridades comunales, la reforma menoscaba la facultad que poseen los sanjuaninos para decidir sobre el ordenamiento de sus propios terrenos limítrofes y productivos.
Alerta por el techo de propiedad foránea en el departamento
Uno de los principales focos de alarma radica en la concentración de suelo que ya registra el municipio sanjuanino. Datos extraídos del cartografiado del Observatorio de Tierras indican que la superficie comunal en manos internacionales sobrepasa actualmente el techo legal del 15%, por lo que una ampliación del margen al 25% dejaría desprotegidos amplios perímetros de la frontera.
La dirigencia calingastina remarcó que las parcelas en riesgo coinciden con nacientes de agua, valles agrícolas y distritos con potencial de minerales críticos, por lo que consideran innecesario ceder soberanía territorial cuando la provincia ya cuenta con marcos normativos como el RIGI para canalizar las inversiones privadas.
Estrategia con otros municipios y vía judicial
La postura de Calingasta busca traccionar en bloque junto a otras comunas de la provincia, imitando el camino que abrió días atrás el Concejo Deliberante de Jáchal frente a la misma problemática.
Conscientes de que la declaración municipal no posee potestad para derogar una ley aprobada por el Parlamento nacional, las autoridades locales adelantaron que se preparan para el escenario posterior. De avanzar la sanción en la Cámara de Diputados, la intendencia y los concejales sanjuaninos recurrirán a los tribunales federales para solicitar la inconstitucionalidad de la norma por avasallar los derechos provinciales.
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