La causa judicial por las estafas de la concesionaria Branka Motor avanzó decisivamente tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que fijó la pena de cinco años de prisión efectiva para los tres acusados. Pese a la definición en el fuero penal, la preocupación principal de las víctimas continúa centrada en la baja probabilidad de recuperar el capital invertido.
Patrimonio insuficiente y fracaso del acuerdo económico
La querellante María Filomena Noriega detalló que el expediente reúne 365 denuncias formales por un perjuicio económico estimado en $522 millones. Al evaluar la vía civil para ejecutar embargos, los relevamientos en entidades bancarias y financieras solo permitieron localizar dos vehículos registrados a nombre de los condenados, lo que representa un obstáculo para la cobertura total del monto defraudado.
Previo a la sentencia, existió una instancia de conciliación que preveía el reembolso de los fondos en cuotas; sin embargo, los imputados incumplieron el compromiso desde el primer pago. Ante la falta de bienes ejecutables y el desgaste del proceso, parte de los damnificados —en su mayoría jóvenes y trabajadores de clase media-baja que buscaban adquirir su primer vehículo— desistió de iniciar nuevos reclamos.
Próximos pasos procesales
Los fundamentos completos del fallo judicial se darán a conocer el próximo martes. A partir de esa instancia, cada uno de los afectados deberá definir de manera individual si apela la resolución o si promueve acciones en el fuero civil para intentar el cobro de la indemnización.
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