Las empresas de colectivos negaron que la crisis se deba a un error administrativo, exigieron el desembolso de fondos arrastrados desde 2025 y mantienen la reducción de frecuencias pese a las sanciones provinciales.
La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) emitió una dura respuesta ante los planteos de la Secretaría de Tránsito y Transporte provincial, desmintiendo que la parálisis financiera de las líneas de colectivo responda a supuestas fallas de documentación presentadas a mediados de julio. Desde la entidad patronal aseguraron que las correcciones formales son un procedimiento habitual que ya fue resuelto, y remarcaron que el desfasaje económico real responde a una abultada deuda del Estado.
De acuerdo con el relevamiento del sector empresarial, los montos adeudados por la Provincia y la Nación ascienden a $9.750.150.676,43. Este total contempla saldos acumulados del año 2025, mayores costos no cubiertos durante los primeros meses de 2026, servicios especiales prestados en zonas alejadas y conceptos específicos como el Boleto Escolar Único y los trasbordos.
En forma paralela, la comisión directiva de ATAP desmintió la llegada efectiva de los fondos nacionales vinculados a atributos sociales, señalando que, pese al anuncio oficial de transferencia realizado el 28 de julio, las acreditaciones aún no impactaron en las cuentas bancarias de las compañías.
Ante la opinión pública, los prestadores del servicio expresaron que los recursos solicitados no representan beneficios extraordinarios para las firmas, sino herramientas de compensación diseñadas por el propio Gobierno para abaratar el valor final del pasaje que abonan los pasajeros y garantizar el equilibrio del sistema.
Sin embargo, ante el severo desfinanciamiento, la menor flota en circulación se mantiene activa. Respecto a las multas aplicadas recientemente por el Ejecutivo provincial a al menos dos compañías por recortar recorridos en un 30%, las empresas fundamentaron que el recorte de unidades en la vía pública responde estrictamente a la imposibilidad de afrontar los gastos operativos diarios, al tiempo que reiteraron su disposición a destrabar el conflicto mediante el diálogo institucional.