La investigación judicial por las maniobras financieras de Global Market registró un avance en el ámbito federal. Cumpliendo órdenes de la Justicia Federal, efectivos y funcionarios judiciales allanaron las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Mendoza 31 Sur, en pleno centro de la capital sanjuanina, tras meses de disputas de competencia y reclamos de los damnificados por la preservación de pruebas.
El operativo se concretó en el inmueble céntrico, donde los investigadores fueron recibidos por Gustavo Omar Ahumada, uno de los principales responsables de la firma. En tanto, Miguel Ángel Cañada, el otro titular señalado en las presentaciones judiciales, no se encontraba en el lugar durante la inspección.
Ahorros desviados y perjuicio millonario
La causa penal se originó a partir de las denuncias formuladas por cerca de 45 inversores que entregaron sus capitales a Global Market atraídos por esquemas de rendimiento bajo promesa de riesgo acotado. Según los cálculos preliminares incorporados al expediente, el volumen global del presunto fraude supera los 4.000 millones de pesos, cifra que continúa en revisión a partir del ingreso de nuevos damnificados.
El eje del trabajo pericial intenta establecer el destino final de las divisas y verificar si existió una canalización no autorizada hacia otras estructuras operativas. Entre las entidades mencionadas por la querella figura la firma GMI Inversiones, mediante la cual se habrían desviado recursos fuera del circuito pactado originalmente con los clientes.
Demoras en el fuero provincial y reclamos de la querella
El procedimiento federal tuvo lugar tras más de medio año de demoras derivadas de la contienda de jurisdicción. En mayo, la Fiscalía provincial solicitó declararse incompetente y transferir las actuaciones al fuero federal, decisión que fue ratificada tras el rechazo de los recursos presentados por la defensa de un grupo de víctimas.
Durante ese intervalo, la representación legal de las víctimas, a cargo de la abogada Vanesa Laciar, había cuestionado la dilación en el secuestro de documentación contable, soportes digitales y dispositivos electrónicos. Aunque no se precisaron los resultados del procedimiento en la sede comercial ni si se extendió a los domicilios particulares de los imputados, la causa avanza bajo la carátula de estafa contra la administración de fondos privados.
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