La pesquisa judicial que analiza presuntas anomalías en los pliegos de licitación y en las etapas de ejecución del Acueducto Gran Tulum ingresó en una fase determinante para su futuro procesal. El abogado impulsor de la denuncia, Marcelo Arancibia, manifestó públicamente su inquietud ante el peligro inminente de que expiren los plazos legales de persecución penal sobre algunas de las maniobras sospechadas, las cuales involucran directamente el manejo de los fondos del Estado provincial.
Ampliación del plazo y estrategias dilatorias
El pronunciamiento del letrado coincide con la decisión de los tribunales sanjuaninos de conceder una prórroga de 90 días hábiles en la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Este periodo extraordinario otorgado a la fiscalía tiene como finalidad acumular material probatorio clave y dirimir las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de la planificación y adjudicación de la obra hídrica, determinando si existen elementos de convicción para avanzar hacia imputaciones formales.
Arancibia focalizó sus cuestionamientos en el accionar procesal desplegado por los ex directivos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Ruiz y Guillermo Sirerol. Pese a que ninguno de los dos exfuncionarios posee una acusación técnica en el expediente, ambos presentaron de forma independiente recursos de nulidad, recusaron formalmente a los magistrados —planteo que fue desestimado por el tribunal— e interpusieron una denuncia por supuesto prevaricato contra la jueza de Garantías interviniente, movimientos que la querella interpreta como herramientas para bloquear la continuidad de los plazos.
Enfoque de la hipótesis delictiva
"El proceso debe permitir esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades. Preocupa la vigencia de la acción penal sobre informes técnicos que datan del año 2020", señaló el abogado Marcelo Arancibia.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal apunta a corroborar si los mecanismos de contratación pública fueron alterados intencionalmente para direccionar el resultado del concurso y beneficiar de manera indebida a una corporación constructora específica. De acreditarse esta línea de investigación, los imputados podrían encuadrar en figuras típicas de delitos contra la administración pública.
Trabas institucionales y acceso a la información
El escenario planteado por la querella pone el foco en la caducidad que amenaza a las auditorías y peritajes técnicos confeccionados a principios de la década actual, documentos que son considerados pilares de la acusación.
Finalmente, el abogado querellante lamentó las restricciones impuestas por el sistema judicial a los medios de comunicación y a la prensa local en cuanto al acceso a las piezas procesales del caso. Sostuvo que, al tratarse de una causa de alto impacto social e institucional, el desarrollo de las audiencias debe ajustarse a criterios de máxima publicidad y transparencia para garantizar el control republicano de los actos públicos.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.