La Policía provincial intensificó las investigaciones tras un reciente hecho delictivo perpetrado por delincuentes vestidos con uniformes oficiales. Admiten vacíos legales y dificultades para regular el mercado virtual.
La Policía de San Juan reactivó una serie de investigaciones administrativas y judiciales con el objetivo de frenar la proliferación de perfiles en redes sociales y plataformas electrónicas dedicados a la venta no autorizada de uniformes e insignias oficiales. La medida fue dispuesta luego de que se registrara un asalto en el que los autores utilizaron vestimenta idéntica a la de la fuerza provincial para facilitar el delito, lo que encendió las alarmas en la cúpula de seguridad.
El subsecretario de Control de Gestión de la institución, Damián Villavicencio, admitió la complejidad que reviste el escenario digital actual. Según el funcionario, si bien existe un estricto protocolo de fiscalización sobre los comercios físicos habilitados —los cuales tienen la obligación legal de exigir la credencial correspondiente antes de concretar cualquier transacción—, el comercio virtual opera por fuera de este esquema de supervisión, impulsado principalmente por vendedores particulares o proveedores radicados en otras provincias.
Ante este panorama, la Subsecretaría de Control de Gestión procedió a reabrir y profundizar los expedientes de investigación que ya se encontraban en curso de manera preventiva. El propósito es identificar los focos de distribución digital y rastrear el origen de las prendas que se ofrecen sin ningún tipo de restricción ni verificación de identidad del comprador.
Finalmente, las autoridades aclararon los límites de su competencia, señalando que las facultades de control del organismo se circunscriben estrictamente al personal policial y penitenciario en actividad. Por este motivo, se advirtió que cuando las maniobras de venta online involucran a civiles ajenos a las fuerzas, se procede a derivar las actuaciones y formalizar las denuncias ante la justicia ordinaria y los entes reguladores comerciales, a fin de que se investiguen los presuntos delitos e infracciones administrativas.