El organismo provincial reconoce un alto nivel de incumplimiento entre adjudicatarios y evalúa medidas para mejorar la recaudación, diferenciando casos sociales de falta de pago voluntaria.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) atraviesa una situación financiera delicada a partir del elevado nivel de morosidad en el pago de cuotas, que actualmente se ubica en torno al 50%. El dato, confirmado por su directora, Elina Peralta, encendió señales de preocupación dentro del organismo, ya que impacta de manera directa en la posibilidad de sostener y ampliar los planes habitacionales en marcha.
Según explicó la funcionaria, el porcentaje de incumplimiento no es uniforme durante todo el año y tiende a incrementarse en determinados períodos, como el inicio del ciclo escolar, cuando muchas familias reordenan sus prioridades de gasto. No obstante, advirtió que detrás de la cifra global conviven realidades diversas.
Desde el IPV señalan que una parte de los adjudicatarios enfrenta dificultades económicas reales para cumplir con el pago mensual, pero también identifican otro grupo que, pese a contar con capacidad de pago, no mantiene sus cuotas al día. Este último segmento es el que el organismo busca abordar con mayor firmeza en la nueva etapa de gestión.
En ese contexto, las autoridades ya analizan la implementación de mecanismos administrativos orientados a mejorar la recaudación. La estrategia contempla una revisión detallada del padrón de deudores, con el objetivo de identificar caso por caso y avanzar con intimaciones dirigidas específicamente a quienes se encuentren en condiciones de regularizar su situación.
La intención oficial es establecer una diferenciación clara entre los casos de vulnerabilidad social y aquellos en los que el incumplimiento responde a decisiones individuales, como la postergación o falta de prioridad en el pago de la cuota.
El panorama se complejiza además por cuestiones administrativas vinculadas a planes habitacionales de distintas etapas. Por un lado, existen barrios adjudicados antes de 2018 con cuotas nominales muy bajas, donde persisten deudas mínimas que se arrastran desde hace años. Por otro, los desarrollos posteriores quedaron atados a índices de variación salarial, lo que implica esquemas de actualización más dinámicos y un seguimiento más exigente.
En paralelo a este escenario, el IPV mantiene su planificación para 2026, con el objetivo de entregar al menos 1.500 viviendas a lo largo del año. En ese marco, mejorar el nivel de cumplimiento en el pago de cuotas aparece como un factor clave para garantizar la continuidad del ritmo de construcción y adjudicación de nuevas soluciones habitacionales.