Un exhaustivo diagnóstico técnico desarrollado por el Centro de Investigación de Geología y Ingeniería Ambiental Aplicada (CIGIAA) encendió las alarmas gubernamentales y productivas al revelar un escenario de colapso sin precedentes en el Acuífero Tulum, la reserva hídrica subterránea más significativa de la provincia. De acuerdo con el Séptimo Informe Técnico de Coyuntura del organismo, el ritmo de extracción artificial mediante bombeo ha superado sistemáticamente la tasa de recarga natural del sistema hídrico. Esta brecha deficitaria introduce un riesgo severo sobre la sustentabilidad del oasis, un territorio vulnerable donde este recurso estratégico provee la mitad del agua potable de la población y sustenta la totalidad de la actividad agrícola de la cuenca.
El relevamiento cuantitativo correspondiente al último período anual expone indicadores de gravedad extrema, superando los mínimos históricos de la emblemática crisis hídrica de 1972. La investigación precisa que la napa en los sectores de acuífero libre experimenta un descenso vertical sostenido de 2 metros anuales, mientras que en las áreas bajo condiciones de confinamiento el retroceso se sitúa en 1,5 metros cada doce meses. Esta drástica descompresión hidráulica ha anulado por completo la presión natural en las zonas que históricamente contaban con pozos surgentes, consolidando un proceso de vaciamiento continuo motivado por la presión de la demanda socioeconómica frente a un aporte natural casi nulo.
Las derivaciones del agotamiento subterráneo ya manifiestan un correlato físico visible en la superficie del Valle de Tulum. En los ejidos urbanos de Capital, Rivadavia y Santa Lucía, la inutilización de las perforaciones preexistentes ha forzado la ejecución de costosas obras de perforación profunda complementarias debido al alejamiento de los horizontes permeables. Sin embargo, la consecuencia física más alarmante se localiza en el departamento de Pocito, donde se ha verificado un fenómeno de subsidencia o hundimiento permanente del terreno que alcanza hasta los 2 metros de deformación vertical. Este proceso de compactación de sedimentos implica un daño geológico irreversible, dado que los poros subterráneos pierden de forma definitiva su porosidad y su capacidad de almacenamiento hídrico futuro.
Paralelamente al declive en el volumen disponible, el monitoreo del CIGIAA detectó una severa alteración en la composición química del agua. La dinámica de bombeo intensivo en áreas específicas de Pocito ha generado la migración de masas hídricas salinas desde los estratos superiores, lo que derivó en la duplicación de los niveles de salinidad en un lapso de trece años, amenazando la aptitud de los suelos agrícolas por procesos de sodificación.
A esta problemática se suma el factor de la contaminación antrópica. El informe constata que extensas franjas del acuífero libre presentan concentraciones de nitratos que exceden el umbral de los 45 mg/l estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegando a triplicar dicha referencia debido al impacto de sistemas de saneamiento deficitarios (pozos ciegos). Asimismo, el 60% de los muestreos químicos evidenció la presencia de metales pesados —tales como arsénico, cadmio, plomo y zinc— derivados de la lixiviación de agroquímicos y la infiltración de efluentes industriales sin el debido tratamiento de impermeabilización.
La raíz del desbalance hidrológico se encuentra fuertemente vinculada a la antropización y regulación de la cuenca del Río San Juan. La operación del sistema secuencial de diques (Caracoles, Punta Negra y Ullum) prioriza la canalización para el consumo inmediato y optimización energética, eliminando los caudales de escorrentía superficial que históricamente alimentaban las zonas de recarga del acuífero.
Frente a este complejo diagnóstico, el CIGIAA determinó la necesidad de implementar medidas de mitigación regulatoria inmediatas. Entre las principales recomendaciones se destaca la suspensión precautoria del otorgamiento de nuevas concesiones de perforación, el establecimiento de cupos máximos de extracción y la ejecución de planes de recarga artificial de acuíferos mediante la erogación planificada de caudales por el lecho natural del río, además de una rigurosa fiscalización sobre los vuelcos de efluentes, con el objetivo de preservar la seguridad hídrica regional.
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