Un análisis académico de la Universidad Nacional de San Juan señala que la iniciativa del Gobierno nacional elimina fiscalizaciones clave sobre la adquisición de suelo por parte de capitales o Estados extranjeros. Advierten sobre riesgos en el agua, la soberanía fronteriza y el patrimonio nacional.
Las reformas planteadas al régimen de tierras en Argentina abrieron un foco de alerta en sectores de la UNSJ, desde donde advierten que la flexibilización de controles estatales podría generar impactos irreversibles en el ordenamiento del territorio y el dominio provincial de los recursos naturales. La principal preocupación gira entorno a la quita de límites a la compra de inmuebles rurales y áreas sensibles, un escenario que dejaría a los municipios y provincias sin la tutela del Estado nacional frente a grandes capitales e incluso Gobiernos extranjeros.
El diagnóstico pertenece al director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Tejada, quien cuestionó el enfoque de la propuesta oficial y aclaró que el marco legal vigente en el país no obstruye el capital internacional, sino que lo regula. Según el especialista, la iniciativa gubernamental retrocede décadas en materia de soberanía y protección patrimonial al eliminar herramientas de fiscalización en lugar de perfeccionarlas.
Entre los aspectos más críticos señalados por el análisis académico destaca la vulnerabilidad en la que quedarían los recursos naturales estratégicos, especialmente en zonas con escasez o complejidades hídricas como San Juan. Al no contemplarse resguardos específicos, la normativa permitiría que privados o empresas vinculadas a Estados extranjeros adquieran terrenos que albergan fuentes clave de agua, privando a la provincia de su capacidad de gestión sobre el recurso.
Asimismo, la falta de regulaciones claras comprometería la seguridad en áreas fronterizas y zonas directamente vinculadas a la soberanía nacional. A esto se suma el riesgo de que se genere una competencia entre provincias para desregular normativas locales con el único fin de captar desembolsos económicos, desprotegiendo el territorio a largo plazo.
Desde la perspectiva académica se remarca que la legislación argentina actual ya garantiza el derecho a la propiedad privada y habilita la inversión extranjera bajo topes determinados. Al comparar el escenario local con el de potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania o España, se observa que dichas naciones aplican marcos de control sobre el suelo mucho más restrictivos que los que busca implementar la nueva propuesta.
Por ello, la postura de los especialistas no apunta a cerrar la llegada de inversiones, sino a consolidar un marco normativo eficiente. La recomendación central se enfoca en optimizar los mecanismos de supervisión vigentes para preservar los bienes estratégicos del país, evitando normativas que posterguen el cuidado del territorio nacional.