El dirigente político Marcelo Arancibia amplió la denuncia penal por la provisión de caños y solicitó ser admitido como Amigo del Tribunal. Asegura que auditorías de 2020 ya preveían el peligro de colapso en la obra hídrica.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la provisión de materiales para el Acueducto Gran Tulum sumó elementos de prueba clave tras una ampliación de denuncia que advierte sobre el posible vencimiento de los plazos procesales. El abogado y referente del partido GEN, Marcelo Arancibia, formalizó una presentación ante el Ministerio Público Fiscal donde alertó que parte de los delitos investigados se encuentran próximos a la prescripción, por lo que requirió la inmediata formalización de la causa penal para deslindar responsabilidades.
Junto con el pedido de celeridad, Arancibia solicitó formalmente al tribunal ser incorporado bajo la figura jurídica de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) con el objetivo de aportar documentación institucional al legajo. La presentación incluye informes técnicos y de auditoría interna elaborados en el año 2020 por consultoras contratadas por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), entidad encargada de supervisar el desarrollo de la megaobra de infraestructura financiada mediante un crédito internacional de Kuwait.
De acuerdo con los documentos técnicos aportados, los especialistas ya habían detectado severas deficiencias de calidad en las juntas de los conductos de polietileno suministrados por la firma KRAH Latinoamericana durante la etapa de ejecución del proyecto. El texto de la denuncia señala que las evaluaciones advertían de manera explícita que las tuberías carecían de la resistencia necesaria para tolerar la presión hidráulica prevista, lo que generaba un riesgo potencial de colapso estructural en la red de distribución.
El planteo judicial cuestiona que, a pesar de las explícitas advertencias asentadas por los inspectores en los informes de control, las autoridades de la administración anterior continuaron con la ejecución del tendido hídrico, convalidando de forma regular las certificaciones de obra y los desembolsos económicos correspondientes a la empresa proveedora.
Ante este panorama, la Fiscalía deberá evaluar la documentación incorporada y definir si hace lugar a la participación del denunciante como colaborador técnico del proceso. La urgencia radica ahora en determinar si las conductas de los exfuncionarios y empresarios involucrados encuadran en ilícitos de carácter continuo o si el paso del tiempo desde las primeras advertencias técnicas de 2020 efectivamente compromete la acción penal del Estado.