El secretario General de la Gobernación aclaró el funcionamiento del financiamiento por hasta 600 millones de dólares aprobado en la Legislatura para la ejecución de obra pública. Los fondos de origen minero y la masa primaria respaldarán la operatoria sin comprometer los ingresos departamentales, previendo el inicio de los trabajos para el primer cuatrimestre de 2027.
El Poder Ejecutivo de la provincia buscó disipar dudas respecto al impacto financiero que tendrá la reciente autorización legislativa para la toma de crédito internacional destinado a la infraestructura pública. Ante las consultas sobre la sustentabilidad de las cuentas fiscales, las autoridades locales ratificaron que el flujo de recursos que se transfiere de manera directa a las administraciones comunales no experimentará ningún tipo de retención ni alteración en sus coeficientes vigentes.
Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, precisó que el tope crediticio global fue estructurado en base a proyecciones técnicas del Ministerio de Economía para revertir el déficit en obras esenciales. Respecto a los avales del endeudamiento, el funcionario especificó que si bien la garantía formal se asienta sobre la recaudación coparticipable general, el compromiso financiero afectará exclusivamente a la porción correspondiente a la administración central, dejando a resguardo el porcentaje secundario destinado por ley a los intendentes.
Como reaseguro para el cumplimiento de los vencimientos, desde la gobernación señalaron que la estructura de ingresos provinciales cuenta con el respaldo de los cánones y regalías provenientes de la actividad minera. Este flujo de caja complementario permitirá amortizar las obligaciones contractuales sin la necesidad de detraer partidas presupuestarias orientadas al normal funcionamiento o al pago de salarios en las diversas jurisdicciones municipales.
El destino del endeudamiento estará enfocado en un plan plurianual de desarrollo que priorizará la edificación de soluciones habitacionales, la pavimentación de rutas conectivas, la extensión de redes de agua potable y saneamiento cloacal, junto con obras de control hídrico. Actualmente, las reparticiones técnicas avanzan en el diseño de los proyectos ejecutivos necesarios para cumplimentar las exigencias de los organismos de financiamiento antes de los llamados a licitación.
El cronograma oficial prevé que las primeras convocatorias públicas a las empresas constructoras se concreten entre los meses de diciembre y enero próximos. De cumplirse los plazos administrativos de adjudicación, el despliegue de maquinarias y operarios en territorio está proyectado para marzo o abril de 2027, con una previsión de empleo que proyecta reabsorber entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo genuinos de forma directa dentro del sector de la construcción.