Frente a las intensas protestas de los usuarios por las demoras, la UTA responsabilizó a los empresarios de reducir las unidades. El Ministerio de Gobierno desplegó un operativo de monitoreo y avisó que aplicará severas multas económicas de constatarse las irregularidades.
El malestar ciudadano generado por el deterioro en el servicio de colectivos escaló al ámbito gubernamental. La provincia puso en marcha una serie de inspecciones e intimaciones a las compañías prestatarias de RedTulum tras confirmar que, de comprobarse la falta de unidades en calle respecto a los diagramas vigentes, se aplicarán sanciones financieras directas tanto a las firmas como a las unidades infractoras.
El despliegue de fiscalización está a cargo de la Dirección de Coordinación de RedTulum, cuyos inspectores monitorean en puntos clave el cumplimiento de los horarios y recorridos que por contrato deben garantizar las empresas de transporte.
La controversia sumó un elemento clave tras las declaraciones del gremio que agrupa a los choferes. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional San Juan confirmaron de manera pública que la circulación de colectivos experimenta una caída cercana al 30%.
Sin embargo, desde la conducción sindical remarcaron que el recorte no responde a medidas de fuerza ni a ningún reclamo de índole laboral, sino a una determinación unilateral adoptada por la patronal empresaria por motivos operativos.
El operativo de control estatal fue la respuesta directa a la ola de reclamos de los pasajeros, quienes en las últimas jornadas reportaron demoras excesivas y amontonamiento en diversos sectores del Gran San Juan y departamentos periféricos.
Desde la cartera de Gobierno optaron por la cautela antes de tomar medidas administrativas definitivas, supeditando el valor de las multas y el alcance de las notificaciones a los datos técnicos recolectados en calle. No obstante, remarcaron que el cuadro tarifario y las concesiones exigen el cumplimiento irrestricto de las frecuencias pactadas.