La defensora Florencia Peñaloza aclaró que la quita de subsidios nacionales a las empresas de larga distancia no anula el beneficio, protegido por ley. Ante el riesgo de trabas corporativas, los organismos de todo el país coordinan acciones administrativas y judiciales.
La Defensoría del Pueblo de San Juan, en coordinación con las defensorías de diversas provincias del país, presentará un requerimiento formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para exigir controles estrictos sobre las empresas de transporte de larga distancia. La medida surge tras la publicación de la Resolución 28/2026 del Gobierno nacional, la cual suprimió las compensaciones económicas que las compañías de colectivos percibían por el traslado sin costo de ciudadanos con discapacidad.
La defensora del Pueblo local, Florencia Peñaloza, remarcó de manera tajante que el recorte fiscal implementado por el Poder Ejecutivo federal no deroga el beneficio de gratuidad. La funcionaria recordó que este derecho se encuentra respaldado de forma soberana por la Ley Nacional 22.431, por lo cual las firmas del sector de larga distancia mantienen la obligación ineludible de otorgar los boletos correspondientes, tanto para el titular del beneficio como para su acompañante si la certificación médica lo requiere.
A pesar de la vigencia de la normativa, existe un marcado estado de alerta en el organismo debido a las advertencias de distintas cámaras empresarias, que manifestaron serias dificultades operativas para absorber los costos del sistema sin el auxilio financiero del Estado. Las defensorías temen que la falta de financiamiento se traduzca en la práctica en un "vaciamiento del derecho" mediante la reducción encubierta de cupos por unidad, dilaciones burocráticas o rechazos arbitrarios en las ventanillas de atención.
La problemática adquiere una sensibilidad mayor en las provincias del interior, como San Juan, donde el traslado terrestre hacia grandes centros urbanos resulta indispensable para cientos de familias que deben cumplimentar tratamientos de alta complejidad, derivaciones médicas urgentes o instancias de rehabilitación que no se encuentran disponibles en sus comunidades de origen.
Frente a este panorama, la Defensoría de San Juan y la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) avanzarán en bloque para exigirle al ente regulador nacional que especifique qué metodologías de fiscalización y sanción aplicará para evitar abusos corporativos. En paralelo, Peñaloza anticipó que ya se estudian recursos administrativos y eventuales presentaciones judiciales de urgencia para blindar la accesibilidad y asegurar que las políticas de ajuste económico no vulneren los derechos de los sectores sociales más desprotegidos.