La megacausa por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors atraviesa una etapa de máxima tensión tras el incumplimiento del compromiso asumido por los imputados ante la Justicia. Pese a que el pasado 13 de abril se homologó un acuerdo de reparación integral por 524 millones de pesos, el primer vencimiento de las cuotas pactadas —fijado para el 25 de abril— no se hizo efectivo, generando malestar y una inminente reacción judicial por parte de los damnificados.
La abogada Filomena Noriega, representante de un numeroso grupo de víctimas, confirmó que sus clientes ya aportaron sus datos bancarios, pero el depósito no impactó en las cuentas. La letrada advirtió que darán un plazo de tolerancia hasta el próximo lunes debido al feriado de este viernes. De no regularizarse la situación, se solicitará formalmente que "se caiga el convenio".
El plan de pago, homologado por la jueza Ana Carolina Parra, estipula la devolución del capital estafado a 352 denunciantes en cinco cuotas mensuales, finalizando el 25 de agosto. Como garantía, los acusados afectaron bienes muebles e inmuebles para asegurar la trazabilidad de los fondos y la restitución del perjuicio económico.
Sin embargo, el beneficio de la libertad que obtuvieron los imputados tras el acuerdo pende de un hilo. Según lo dispuesto en la audiencia, el cumplimiento del cronograma de pagos es una condición resolutoria: de fracasar la reparación, los acusados podrían perder nuevamente su libertad y enfrentar el proceso penal bajo prisión preventiva.
Mientras se aguarda una definición sobre el pago, los imputados deben cumplir con estrictas medidas de conducta, que incluyen la presentación periódica en sede policial, la prohibición de salir de la provincia y la retención de sus pasaportes.
Desde la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal Guillermo Heredia fundamentó en su momento que el acuerdo se basó en un exhaustivo relevamiento patrimonial de los acusados. No obstante, el inicio de la ejecución del plan ha resultado fallido, dejando el escenario abierto a una posible anulación del pacto y el reinicio de las acciones penales más severas.
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