La medida de fuerza afecta a todas las casas de altos estudios del país y se extenderá hasta el viernes 30 de mayo. Los sindicatos denuncian un desfasaje crítico frente a la inflación y rechazan las auditorías nacionales.
El sistema universitario público nacional ingresó en una nueva etapa de parálisis total debido al inicio de un paro de actividades por cinco jornadas consecutivas, que se extenderá desde este lunes 26 hasta el próximo viernes 30 de mayo. La medida, dictada en el ámbito local por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), responde a un plan de lucha federal consensuado por el plenario de la federación CONADU Histórica en articulación con otras agrupaciones del sector.
La conducción gremial fundamentó la profundización de las protestas en la interrupción de los canales formales de negociación con el Ejecutivo nacional y en la consecuente falta de recomposición de los haberes de los trabajadores. Según expusieron los portavoces sindicales, la ausencia de convocatorias a mesas paritarias impide canalizar la preocupación de la comunidad educativa y obtura la posibilidad de alcanzar consensos que garanticen la normalidad en las aulas.
La secretaria general de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió sobre el acelerado deterioro de los ingresos del personal docente y no docente frente al incremento general de precios. De acuerdo con las estimaciones del sector, mientras el índice de inflación acumulada escaló por encima del 293%, los reajustes salariales otorgados quedaron sustancialmente relegados, una brecha que obliga a numerosos profesionales académicos a recurrir al pluriempleo en actividades informales, el comercio gastronómico o servicios de transporte para cubrir la canasta básica.
Asimismo, la representación gremial desestimó el impacto del bono extraordinario liquidado recientemente por la administración central, calificándolo como una suma insignificante que no revierte la pérdida del poder adquisitivo y que es percibida como un elemento de fricción en la relación laboral.
Por otro lado, la dirigencia manifestó su rechazo a los procesos de fiscalización e inspección propuestos desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Al respecto, sostuvieron que las altas casas de estudios ya se encuentran sujetas a esquemas regulares de auditoría interna y externa, cuyos informes técnicos son de carácter público y accesibles para los organismos competentes. Las organizaciones gremiales ratificaron que el conflicto se sostiene bajo la premisa de defender el financiamiento institucional y resguardar la operatividad del sistema de educación superior en todo el país.