La morosidad en el cobro sobre inmuebles promedia el 60% en la región urbana. Capital y Rawson lideran el índice de incumplimiento con un 70%, mientras que los tributos comerciales exhiben un mejor comportamiento.
La profunda contracción económica que atraviesa el país provocó un severo impacto en las arcas fiscales de los cinco municipios que integran el aglomerado del Gran San Juan. De acuerdo con los datos financieros provistos por las respectivas administraciones departamentales, la recaudación de recursos propios registra una marcada caída, al punto de que solo el 40% de los contribuyentes abona sus obligaciones tributarias en tiempo y forma. Esta fuerte morosidad, que se traduce en que seis de cada diez vecinos mantienen deudas activas con sus comunas, debilita una de las dos vías de financiamiento clave para sostener los servicios públicos, en un escenario donde los giros por coparticipación de impuestos también vienen experimentando un retroceso sostenido.
El diagnóstico sectorial revela que, ante la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos del hogar, las tasas municipales pasaron a ocupar un lugar secundario en las prioridades de gasto de la comunidad. Las comunas con mayor densidad poblacional e infraestructura residencial —y, por lo tanto, con mayor capacidad de captación tributaria— reflejan las estadísticas más complejas: tanto la Municipalidad de la Capital como la de Rawson informaron un índice de incumplimiento que escala al 70% en el cobro sobre la propiedad inmueble.
En el resto del cordón urbano, la tendencia contractiva se mantiene con matices. En Rivadavia, el nivel de deuda acumulado en los primeros cinco meses del año se situó en el 55%, mientras que en Santa Lucía el porcentaje de contribuyentes en situación irregular alcanza el 50%. Una realidad administrativa diferente se observa en Chimbas, distrito que se encuentra privado de esta fuente de ingresos debido a una normativa de exención fiscal que data de gestiones pasadas y que, tras un intento fallido de la actual intendencia por restablecer el cobro en el Concejo Deliberante, no logró el consenso político necesario para su aplicación.
Frente a este panorama deficitario, los Ejecutivos municipales implementaron una serie de estrategias de incentivo financiero para atraer a los deudores, que incluyen desde programas de regularización de deudas (moratorias) hasta bonificaciones por pago anual adelantado y descuentos por buen cumplimiento; medidas que hasta el momento no lograron revertir la tendencia general. Como contrapartida, la tasa que grava la actividad comercial y productiva muestra un escenario de mayor estabilidad en la región, con un nivel de morosidad sensiblemente inferior que oscila entre el 30% y el 35%, constituyéndose en el principal sostén de los ingresos genuinos de los municipios sanjuaninos.