Facundo Perrone rechazó poner límites legales a las reelecciones y defendió el valor del voto popular

El debate político en torno a las limitaciones de mandatos para los jefes comunales sumó la postura de la dirigencia sanjuanina. El presidente de la Junta Departamental del Partido Justicialista en Rivadavia, Facundo Perrone, fijó su posición respecto a las discusiones legislativas que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, argumentando que la permanencia de un intendente en su cargo debe quedar supeditada exclusivamente al veredicto ciudadano y no a un impedimento normativo.

El dirigente remarcó que el concepto de alternancia democrática no pierde validez por la falta de un tope legal, sino que encuentra su máxima expresión en la decisión de los votantes. Asimismo, contrapuso los esquemas institucionales al recordar que la provincia de Buenos Aires fijó sus restricciones mediante legislación ordinaria, a diferencia del caso de San Juan, donde los condicionantes a los mandatos se articularon a través de una enmienda en la Carta Magna provincial.

Legitimidad en las urnas y autonomía del votante

Durante sus declaraciones, Perrone analizó los efectos que generan los marcos prohibitivos sobre la oferta electoral y la soberanía popular:

• Soberanía ciudadana: Sostuvo que si un proyecto municipal muestra resultados positivos y cuenta con el respaldo de la comunidad, la ley no debería obstaculizar la posibilidad de ratificar esa gestión en las urnas.

• Calidad institucional: Si bien admitió que existen vicios dentro del sistema político que menoscaban el desarrollo democrático, destacó que la sociedad actual dispone de mayor información y mecanismos de control para fiscalizar a los gobernantes.

• Garantía constitucional: Hizo hincapié en que cualquier reestructuración de las reglas electorales debe encuadrarse estrictamente en el marco legal vigente, priorizando el derecho constitucional de elegir y ser elegido.

Por último, el representante justicialista concluyó que los frenos de tipo legal no aseguran de manera directa un fortalecimiento de las instituciones, reiterando que la legitimidad de un proceso político proviene de las urnas y del ejercicio del sufragio.