Un jubilado sanjuanino con un oscuro pasado internacional y vinculaciones con la política local se encuentra en el banquillo de los acusados. Daniel Ramón Pino, de 72 años, enfrenta un juicio oral por presunta distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El proceso, que lo tiene en libertad condicional, ingresa en su recta final luego de que este miércoles la UFI Delitos Informáticos y Estafas completara la presentación de la prueba documental ante el juez Diego Manuel Sanz, quien fijó la jornada de este jueves para la exposición de los alegatos.
La investigación penal preparatoria se originó a raíz de tres alertas internacionales emitidas en 2021, 2022 y 2025 por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense que detectó el intercambio de archivos ilícitos en plataformas digitales. Los reportes fueron derivados desde Buenos Aires a la justicia sanjuanina, donde el fiscal Eduardo Gallastegui logró asociar una cuenta de correo electrónico, una línea telefónica y direcciones IP directamente al imputado. Según la acusación, Pino no solo envió al menos 11 videos, sino que en los chats utilizaba la sigla internacional "CP" para requerir activamente dicho contenido. Durante el allanamiento a su vivienda, los pesquisas secuestraron celulares y una computadora que almacenaban más de 800 imágenes pornográficas, confirmándose mediante peritajes que muchas de las víctimas eran niños de apenas seis años.
El caso ha generado una fuerte repercusión en la provincia debido al perfil del acusado. Pino se desempeñó años atrás como asesor político en el Concejo Deliberante de Pocito y estuvo ligado a sectores del peronismo de ese departamento. Asimismo, arrastra un severo antecedente por violencia familiar en el extranjero: residió más de una década en Estados Unidos, país de donde terminó siendo deportado tras cumplir una condena penal por haberle propinado una violenta golpiza a su esposa, causándole lesiones de extrema gravedad.
Con este escenario, la fiscalía buscará que el tribunal le aplique una condena de seis años de cárcel de cumplimiento efectivo. En contrapartida, la estrategia de la defensa, liderada por el abogado particular Marcelo Montaño, apuntará a desacreditar las pruebas tecnológicas con el objetivo de obtener la absolución del imputado.