El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) recurrió a la vía legal tras la resolución del Gobierno de la provincia de suspender los códigos de descuento de la entidad gremial. La conducción del sindicato catalogó la iniciativa oficial como una maniobra de deslealtad laboral y alertó sobre las severas consecuencias financieras y de asistencia social que esta determinación podría acarrear para miles de trabajadores asociados.
El secretario general del SEP, José Díaz, detalló que la notificación del cese de las retenciones se produjo de manera irregular, denunciando que el documento fue enviado a una dirección postal ajena a la institución, correspondiente al Sindicato de la Madera. El dirigente vinculó este proceder con los intentos frustrados del gremio por concertar una audiencia con el gobernador Marcelo Orrego durante una reciente agenda oficial en el departamento de Chimbas.
Asimismo, la representación sindical desestimó los cuestionamientos oficiales referidos a la validez de su personería jurídica. Díaz argumentó que la trayectoria de la organización cuenta con el aval y el histórico reconocimiento de las autoridades de la cartera laboral de la provincia, señalando que los argumentos técnicos sobre el estatus legal suelen ser utilizados de manera recurrente para debilitar el accionar de la entidad.
El impacto de la medida, según estimaciones del propio sindicato, alcanza directamente a cerca de 6.000 familias. El cese inmediato de los aportes automáticos amenaza la continuidad de los servicios esenciales, con especial foco en las prestaciones de salud. Si bien la conducción aclaró que disponen de fondos de reserva para amortiguar el impacto en el corto plazo, admitieron que el escenario financiero se tornará crítico si la suspensión se prolonga en el tiempo.
Frente a este panorama, las autoridades del SEP confirmaron que ya formalizaron las denuncias correspondientes ante los tribunales provinciales. Actualmente, la estrategia legal del gremio se centra en la obtención de una medida cautelar de urgencia que ordene la restitución del mecanismo de descuento mientras las instancias judiciales analizan y resuelven el fondo del conflicto.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.