El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) planifica la realización de un nuevo sorteo público de unidades habitacionales proyectado para el mes de agosto. La iniciativa, confirmada por la directora de la repartición, Elina Peralta, apunta a restablecer el acceso democrático a la vivienda bajo criterios de equidad y transparencia. En la actualidad, los equipos técnicos del área administrativa coordinan tareas junto a la Caja de Acción Social para compatibilizar las bases de datos y garantizar la viabilidad del proceso de selección de postulantes durante el segundo cuatrimestre del año.
La oferta de inmuebles para este llamado se articulará a través de tres vías principales. La primera de ellas corresponde al complejo urbanístico La Ramada, un desarrollo de departamentos originalmente pertenecientes al programa Procrear que se integrará a la gestión local tras la firma de un acuerdo con el Gobierno Nacional. La obra cuenta con un avance del 55% y se prevé habilitar una fase inicial de 30 departamentos este año; debido a sus características edilicias y su ubicación en la zona de Capital, este cupo demandará ingresos mínimos y cuotas más elevadas que los planes sociales convencionales.
Las opciones remanentes y las viviendas revocadas completarán el padrón de inmuebles disponibles. El primer grupo abarca casas de complejos ya entregados que no fueron asignadas de forma definitiva por falta de documentación de los titulares originales. El segundo segmento surge de un proceso de fiscalización que lleva adelante el IPV a raíz de entre 300 y 400 denuncias por propiedades deshabitadas o con destinos comerciales no autorizados, causales directas para la pérdida del beneficio.
En última instancia, desde la conducción del organismo habitacional recordaron que la política pública de construcción de viviendas en la provincia se financia ahora exclusivamente con recursos propios, tras la supresión de los giros de fondos por parte de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Ante este panorama de autarquía, las autoridades alertaron sobre un índice de morosidad del 50% en el cobro de las cuotas, por lo que se endurecerán las medidas legales e intimaciones para regularizar las deudas y sostener el carácter solidario del sistema.
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