En los últimos días, el Gobierno volvió a cuestionar en el plano discursivo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero en Casa Rosada aseguran que no figura entre los planes avanzar con su derogación. “No está en la agenda. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, expresó una fuente del Poder Ejecutivo. La definición deja, por ahora, fuera de la hoja de ruta oficial cualquier iniciativa para modificar la norma sancionada en 2020.
En el oficialismo sostienen que no están dados “los consensos” en la sociedad para impulsar una reforma de ese alcance. Esa evaluación convive con una serie de declaraciones de funcionarios que reabrieron el debate público sobre la ley, aunque sin traducirse en un proyecto del Poder Ejecutivo. La distancia entre el discurso y la acción legislativa aparece como el dato central del escenario actual.
Las declaraciones del Presidente
Javier Milei vinculó la militancia feminista y la legalización del aborto con la baja natalidad en el país durante su participación en el Council de las Américas. Allí sostuvo que esa relación tiene consecuencias económicas y afecta el sistema previsional. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional”, afirmó el mandatario.
Luego, desde la administración libertaria intentaron relativizar el alcance político de esas expresiones. Un funcionario explicó que el Presidente cree que la legalización del aborto es “uno de los factores” de la caída de la natalidad, pero que no intentó instalar el tema ni impulsar un debate específico. Según esa versión, se trató de un comentario orientado a “explicar” las “inconsistencias” del sistema previsional desde un enfoque utilitarista económico.
Antecedentes y señales oficiales
No es la primera vez que Milei asocia ambos temas. Meses atrás ya había dicho: “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción”. Además, acusó de “genocida” a una periodista por respaldar la normativa vigente desde 2021. A esa línea se sumaron otras expresiones dentro del Gobierno, como la del canciller Pablo Quirno, quien al anunciar la visita del papa León XIV, prevista para los primeros días de noviembre, afirmó que la administración libertaria es defensora “de la vida”.
En paralelo, la Argentina adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que reabrió el debate sobre los fundamentos bioéticos y jurídicos de la Ley 27.610. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito rechazó esa adhesión y la calificó como un “posicionamiento ideológico” de la administración libertaria. En la misma línea, el secretario de Culto, Agustín Caulo, escribió en su cuenta de X: “Que hayamos rechazado el aborto y que tengamos un presidente provida como Javier Milei tiene que servir para darnos fuerzas. Por los niños por nacer y por las mujeres argentinas: la vida va a triunfar! Nunca nos tenemos que resignar a tener una ley tan inhumana”.
Sin iniciativa legislativa
Pese a ese acumulado de pronunciamientos, en el Gobierno insisten en diferenciar las expresiones de una decisión institucional. Cuando en 2024 legisladores de La Libertad Avanza, encabezados por la diputada Rocío Bonacci, presentaron un proyecto para derogar la ley de aborto, el Poder Ejecutivo tomó distancia. En ese momento, el entonces vocero Manuel Adorni aclaró que “no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.
A principios de este año, diputados del mismo espacio firmaron un acta de compromiso para insistir con la derogación de la normativa, en el marco del Día del Niño por Nacer. Entre ellos, el diputado Santiago Pauli sostuvo que se trataba de “un compromiso que tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa” y que necesitaban “trabajar juntos para que esto se haga realidad”. Sin embargo, la postura que hoy prevalece en la Casa Rosada es que la derogación no integra la agenda legislativa inmediata. La variable a seguir es si esas expresiones terminan en un proyecto formal o quedan limitadas al plano discursivo.