El Gobierno de la provincia puso en marcha un plan de modernización tecnológica para el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM 911), que contempla la adquisición de aproximadamente 100 nuevas cámaras de seguridad. La principal innovación de este proyecto radica en el análisis para incorporar, por primera vez en el territorio local, dispositivos equipados con sistemas de reconocimiento facial para ser distribuidos en sectores neurálgicos de alta concurrencia.
El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que el expediente técnico ya se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía para avanzar con el proceso licitatorio y de compra. El cronograma oficial estipula que, de no mediar demoras administrativas en la adjudicación de los insumos, la instalación de los nuevos equipos comenzará a ejecutarse antes de que concluya el año en curso.
La iniciativa busca robustecer la plataforma actual del CISEM, que dispone de 660 cámaras operativas en distintos departamentos. Con este refuerzo se pretende ampliar la cobertura en las denominadas "zonas de calor" o puntos críticos del mapa del delito. Para ello, se modificará el criterio técnico de vigilancia: se priorizará el emplazamiento de tríos de cámaras fijas en reemplazo del sistema tradicional de domos giratorios de 360 grados, una modalidad que solía dejar desprotegidos ciertos ángulos visuales durante la rotación del lente.
La inclusión de software basado en inteligencia artificial transformará la operatividad del centro de monitoreo. Desde la empresa tecnológica estatal Innova, su presidente Patricio Gutiérrez destacó que la automatización de la lectura de rostros optimizará el recurso humano, disminuyendo la cantidad de operadores dedicados exclusivamente a observar pantallas de forma analógica. Asimismo, esta tecnología acelerará los tiempos de respuesta ante los requerimientos de los magistrados provinciales, dado que los algoritmos permiten localizar objetivos específicos de forma inmediata, evitando que el personal deba revisar manualmente horas de grabaciones archivadas.
La reconversión tecnológica implicará un esfuerzo presupuestario mayor para las arcas públicas. Mientras que una cámara de seguridad estándar demanda una inversión de entre 1.000 y 1.100 dólares, las unidades biométricas de reconocimiento facial elevan su costo a los 2.700 dólares por dispositivo, sumado al valor de los programas informáticos específicos para su soporte.
Esta ampliación de la red de monitoreo urbano se complementa con otras políticas tecnológicas que el Ejecutivo ejecuta en paralelo, tales como la extensión de la conectividad en las rutas de los corredores mineros, la instalación de tótems de seguridad en áreas limítrofes y la consolidación de lectores de patentes vehiculares enlazados con las bases de datos criminales de la Nación.
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