El conflicto que atraviesan los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ingresó en una fase crítica. Ante la persistencia de las medidas de fuerza del sector docente y la consecuente interrupción del normal desarrollo escolar, numerosos padres de los alumnos comenzaron a retirar a sus hijos de dichas instituciones para reubicarlos en escuelas del sistema público provincial o de gestión privada.
Desde el colectivo de padres autoconvocados indicaron que el descontento de las familias se fundamenta en el severo bache pedagógico que sufren los estudiantes. De acuerdo con los relevamientos que realiza el propio grupo, las jornadas sin actividad áulica ya representan más de la mitad del calendario escolar planificado para este período, una estadística que encendió las alarmas respecto de la formación académica y el futuro de los jóvenes.
Los portavoces de las familias aclararon que, si bien existe una comprensión legítima hacia los reclamos salariales y presupuestarios del cuerpo docente, la falta de alternativas institucionales para garantizar las clases colocó a los tutores en una encrucijada. Según detallaron, la imposibilidad de hallar soluciones inmediatas dejó a la migración hacia otros colegios como la única vía efectiva para frenar el retraso en el aprendizaje.
Esta tendencia ya se tradujo en acciones concretas. Durante la primera mitad del año escolar se registraron bajas significativas en la matrícula de varias divisiones, con casos puntuales donde hasta una decena de alumnos abandonaron el mismo curso. Al mismo tiempo, otro porcentaje importante de padres evalúa realizar las solicitudes de vacantes en establecimientos alternativos de cara al segundo semestre del ciclo.
Por último, el descontento se extendió hacia la gestión interna de los establecimientos de la UNSJ. Los padres cuestionaron que, en paralelo al paro, se continúen impulsando proyectos de viajes de estudio y actividades extracurriculares de alto costo económico, señalando una distorsión en el orden de prioridades. Asimismo, confirmaron que se desestimó la vía de un amparo judicial colectivo debido a las altas erogaciones financieras que demanda tramitar una causa en la justicia federal, dejando a la comunidad educativa en un escenario de incertidumbre creciente.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.