La iniciativa, impulsada por el diputado Franco Aranda, propone un esquema móvil y progresivo para futuros emprendimientos de cobre apoyado en el Paquete Fiscal de la Nación. El oficialismo analiza su viabilidad.
La regulación impositiva de la actividad minera en San Juan ingresó en el debate legislativo. El diputado provincial Franco Aranda presentó un proyecto de ley que busca modificar el esquema actual de percepción de regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. La propuesta apunta a establecer una alícuota variable que podría alcanzar un techo del 5%, superando el tope histórico del 3% que rige en la provincia.
La iniciativa toma como base jurídica las reformas introducidas por el Gobierno nacional a través del Paquete Fiscal (Ley 27.743). Dicha normativa nacional habilitó a las provincias a incrementar el cobro de regalías, aunque con la condición estricta de aplicarlo únicamente a aquellos yacimientos que no hubieran iniciado su etapa de explotación comercial antes de la vigencia de la ley, dejando fuera de este aumento a las operaciones mineras que ya están en marcha.
A diferencia de los topes fijos establecidos por la Ley Nacional de Inversiones Mineras (N° 24.196) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído, el proyecto presentado por el líder del Frente Renovador local propone un mecanismo escalonado. El objetivo de este diseño es que las operadoras mineras tributen el 5% máximo exclusivamente durante los periodos de bonanza económica y alta cotización de los metales.
Por el contrario, en fases de contracción de mercados o menor rentabilidad, las empresas continuarían aportando el 3% habitual. Según el texto del proyecto, esta flexibilidad busca garantizar la sustentabilidad financiera de las inversiones a largo plazo y proteger los puestos de trabajo del sector. De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo provincial tendrá la facultad de reglamentar e implementar los indicadores técnicos y financieros para dictaminar cuándo corresponde aplicar cada porcentaje.
Al tratarse de un bloque unipersonal, Aranda requerirá tejer alianzas políticas dentro del recinto para lograr la sanción de la ley. En este escenario, el posicionamiento de la bancada oficialista que responde al gobernador Marcelo Orrego resultará crucial para inclinar la balanza, dado su peso en la conformación de mayorías legislativas.
Fuentes parlamentarias del interbloque oficialista señalaron que el proyecto es evaluado con cautela y será objeto de un análisis técnico pormenorizado antes de fijar una postura definitiva.
A pesar de pertenecer formalmente a la oposición, el autor de la norma mantiene una relación de sintonía fina con la gestión de Gobierno actual. Como antecedente inmediato de este diálogo político, el legislador respaldó recientemente con su voto el pedido del Ejecutivo provincial para contraer un crédito internacional destinado al financiamiento de infraestructura pública, lo que abre una expectativa favorable para la discusión de este nuevo marco impositivo minero.