Los sindicatos universitarios comenzaron a evaluar la suspensión del próximo cuatrimestre ante la falta de respuestas del Gobierno nacional por la Ley de Financiamiento. La advertencia se conoció en el marco de un paro total de actividades por una semana, una medida que genera complicaciones académicas y el rechazo de los padres de los alumnos.
El conflicto presupuestario y salarial que mantiene el sector docente con la administración central del Gobierno nacional ingresó en una fase de máxima tensión, amenazando la continuidad del ciclo lectivo. Tras el plenario de delegados federales realizado para evaluar la masiva movilización nacional, los gremios del sector comenzaron a debatir formalmente la posibilidad de no iniciar el dictado de clases correspondiente al segundo cuatrimestre del año. La advertencia sindical surge ante el persistente reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación, una situación que mantiene las medidas de fuerza desde el inicio de la gestión libertaria.
La propuesta de paralizar el próximo período académico cobró fuerza en paralelo a la huelga general que se ejecuta en las universidades públicas. La modalidad consiste en un paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, el cual paraliza las aulas y los centros de investigación. Este esquema intermitente —que alterna una semana de clases por una de protesta— se ha vuelto una constante en el sistema educativo superior.
Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus), la secretaría gremial, Edith Liquitay, expuso que existe un profundo estado de agotamiento dentro del cuerpo docente debido a la depreciación de los ingresos. Según precisó la referente sindical, aunque en las deliberaciones internas sectores de las bases propusieron implementar un paro por tiempo indeterminado de manera inmediata, finalmente se consensuó mantener el cese de tareas por los cinco días hábiles, supeditando las decisiones futuras a la apertura de canales de negociación con las autoridades nacionales.
La continuidad del plan de lucha impacta de manera directa en el calendario académico y en el funcionamiento de las distintas unidades académicas. Las autoridades advirtieron que la huelga coincide con los turnos de mesas de exámenes finales, lo que introduce severas dificultades operativas para los estudiantes, cuya resolución quedará sujeta a las disposiciones particulares de cada facultad y de las respectivas cátedras. Los registros históricos de Adicus ubican el nivel de acatamiento a estas convocatorias en torno al 80%.
Por otra parte, la reiteración de las protestas hídricas —avaladas desde el plano institucional por el sector directivo de la Universidad Nacional de San Juan— desató la reacción de las familias de los alumnos que asisten a los colegios e institutos de los trayectos preuniversitarios. Los grupos de padres visibilizaron su disconformidad ante la pérdida de días de clases; si bien manifestaron comprender la legitimidad del reclamo salarial de los educadores, exigieron prioridad para el derecho a la educación de los estudiantes. De prosperar la amenaza gremial, el retorno a las aulas quedaría cancelado de forma efectiva una vez concluido el receso invernal y el período de evaluaciones de mitad de año.